Yonhy Lescano habría cometido violencia sexual en contra de la periodista que lo denunció por acoso sexual y debe someterse a una terapia psicológica obligatoria.
Así lo determinó la jueza Sacha Rivas Figueroa, del 21° Juzgado de Familia de Lima, en la resolución que emitió el lunes para otorgar medidas de protección a la denunciante, tras una audiencia que duró 4 horas y media.
En el documento, la magistrada también sostiene que existe un “desequilibrio de poder” entre la víctima y el parlamentario porque este último es un “congresista a quien las personas que se relacionan suelen tener respeto y consideración”.
“Esto podría explicar por qué la persona con Clave 001 no le increpó antes su conducta o denunció con anterioridad”, argumenta Rivas.
Asimismo, la jueza consigna en su decisión las declaraciones de la víctima, quien, entre otras cosas, dijo al juzgado que quería denunciar a Lescano el 22 de diciembre del 2018, “pero siempre pensaba en las consecuencias”.
“Incluso envié una carta el día 28 de diciembre a la prensa en donde yo le explicaba mi temor; esto fue luego de que yo le entrego a mi amigo Erick las capturas de la conversación que él publica el 22 de febrero del 2019”, relata.
En tanto, en sus descargos, tomados en la misma audiencia, el legislador reiteró que sostenía un vínculo de “amistad” con la mujer desde el 2016 e insistió en que eran “bromas de adultos” consentidas. Sin embargo, reconoció que ella nunca le mandó un mensaje por WhatsApp con contenido sexual (ver infografía).
Bajo estos criterios, Sacha Rivas ordenó como medidas de protección a la comunicadora el impedimento de acercamiento de Lescano hasta en una distancia de cien metros a la redonda.
Además, el aspirante a ser candidato presidencial en el 2021 está prohibido de comunicarse con la periodista, así como de develar su identidad o dirigirse en “términos humillantes, denigrantes u ofensivos” hacia ella durante declaraciones a la prensa.
La resolución añade que el denunciado debe llevar una terapia psicológica en un consultorio privado o público, “bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por resistencia a la autoridad”. De la misma manera, dispone que la víctima reciba soporte psicológico.
Vale precisar que en la audiencia en la que se dictaron las medidas de protección estuvo presente la defensa legal de la periodista, Brenda Álvarez, de Promsex.
Fuente: Correo
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