Vicente Zeballos, aseguró que los cambios ministeriales que se concretaron y que alcanzaron a exministros involucrados en citas con representantes de Odebrecht por el caso Gasoducto Sur Peruano, no tienen relación alguna con estas reuniones.
“Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez. A efectos de la renuncia de Juan Carlos Liu, ya veníamos evaluando cambios ante un nuevo escenario político y un nuevo Parlamento para reforzar las líneas de Gobierno”, aseguró.
El primer ministro reiteró que las reuniones con Odebrecht fueron transparentes, registradas como visitas oficiales y con presencia del ahora exprocurador Jorge Ramírez y que le fueron comunicadas por tres ministros: Liu, Ana Revilla (exministra de Justicia) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas).
“Odebrecht no se ha llevado ningún ministro de Estado. Juan Carlos Liu renunció por ocultamiento de información. El Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Transportes y con la ministra de Educación responden a una recomposición del Gobierno, una oxigenación ante un nuevo escenario político”, reiteró luego de defender que el Ejecutivo tiene la potestad de tomar estas decisiones.
“¿Era necesario acudir al refresco del gabinete? Sí. ¿Es un nuevo escenario político? Sí. ¿La designación es política? Sí. ¿La evaluación es política? También. Es una respuesta política”, había comentado minutos antes.
Vicente Zeballos aseguró que tenía conocimiento de las reuniones que mantuvieron diversos ministros con Odebrecht, y defendió la “transparencia” de estas citas que, según indicó, fueron meramente de carácter informativo.
“El señor Liu me llama y me da cuenta como premier. Me dice que la ministra de Justicia le había pedido una reunión con Odebrecht. ‘Qué van a tratar’ fue mi pregunta inmediata. ‘Es una fase informativa donde se va a dar cuenta del estado situacional del proyecto Gasoducto Sur Peruano’. Si lo ha pedido la ministra (Revilla) a instancia del procurador, le sugerí que esté el procurador y efectivamente, como ha ratificado el propio exministro (Liu), en ese contexto se dio. Nunca hemos negado que, al menos yo, que hubiera tenido información de este hecho”, señaló.
Zeballos precisó que lo que manifestó en conferencia de prensa el pasado 5 de febrero fue su “extrañeza” de que Odebrecht haya decidido acudir al Ciadi para demandar a un Estado ante el cual, a través del Ministerio Público y la procuraduría, está señalando que es culpable de actos ilícitos.
Vicente Zeballos también informó sobre la cita que mantuvo con el exprocurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, “Como lo ha manifestado (Jorge Ramírez) y lo ratifico, no solo habló con el ministro Liu sino con la ministra de Economía y Finanzas. A efecto de ello, la ministra me llama preocupada y me trasmite: ‘premier, me visitó el procurador, me habló del gasoducto pero sobre todo me ha hablado de un proyecto para que alcance el Poder Ejecutivo al Ciadi y pueda darles una prórroga de 6 meses para que puedan plantear una demanda’”, indicó.
Ante la preocupación de la ministra de Economía y Finanzas, Vicente Zeballos señala que convocó a su despacho, tanto a Jorge Ramírez como al secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, porque en ese momento todavía no se había nombrado a Daniel Soria como procurador general.
“Le digo (a Jorge Ramírez) que me ha llamado la ministra de Economía y Finanzas y me ha dado testimonio de ello […] Le digo que tengo esta queja legítima del MEF y pregunto qué está pasando. Su rol es defender intereses del Estado, pero en procesos judiciales y este no es un proceso judicial, esto es irse a Ciadi. Con competencias completamente ajenas a usted”, señaló el primer ministro.
“Me explica (Jorge Ramírez) que está preocupado porque los tubos son propiedad de Odebrecht y detrás de ello hay una reparación civil. Le doy algunas reflexiones y quedó aclarado el panorama”, añadió. Vicente Zeballos reiteró que la salida de Ramírez de la procuraduría ad hoc fue una decisión autonóma del Consejo Directivo de la Procuraduría General de la República. “Es una decisión autónoma del nuevo consejo directivo de la Procuraduría General en la cual no tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Incluso hay un integrante, que es de la Contraloría General de la República y con los otros dos han tomado de manera unánime, autónoma, esta decisión discrecional”, concluyó.
Fuente: Andina
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