La Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima decidió reabrir las investigaciones en el caso de esterilización forzada practicado a María Mestanza Chávez durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Este fue el primero que admitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Trascendió que este caso se investigará como un delito de lesa humanidad y no como delito común, tal como ocurrió en el pasado. La joven de 33 años murió luego de ser sometida a esta práctica en Cajamarca.
Al respecto, la directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Jeanette Llaja, ha pedido que la fiscalía investigue de manera seria la denuncia sobre mujeres esterilizadas contra su voluntad para evitar que el caso se archive como en la primera investigación.
Llaja recordó que hay registrados hasta 2 mil casos de mujeres sometidas a la denominada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), especialmente de zonas altoandinas y de extrema pobreza.
“La primera denuncia se archivó en 2009 por falta de voluntad de buscar pruebas, y sin un análisis minucioso de lo que fue esa política de salud (…) Ahora debe haber un apoyo concreto desde el Ministerio Público para hacer una investigación seria”, expresó en declaraciones recogidas por Andina.
Según consideró, sí existió responsabilidad de funcionarios del más alto nivel. “Hablamos de reuniones en las cuales se reportaba a Alberto Fujimori, donde estaban involucrados ministros de Salud, como Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer”, mencionó.
Cabe recordar que los ex ministros fujimoristas y la propia ex candidata presidencial Keiko Fujimori han reconocido que sí se practicaron esterilizaciones forzadas, pero como hechos aislados y no como parte de una política de gobierno.
Fuente: El Comercio
Comentarios