La información contenida en 111 audios obtenidos a través de interceptaciones telefónicas al ex mandatario, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia y su círculo más cercano de ambos.
Las grabaciones revelan principalmente la presunta compra de testigos en el Caso Madre Mía con el objetivo de que se absuelva al ex presidente Ollanta Humala y coordinaciones por los aportes al Partido Nacionalista en la campaña presidencial del 2011.
Minutos después de conocerse esta información, Ollanta Humala ofreció una conferencia de prensa. En esta cuestionó la “procedencia ilegal” de los audios, enfatizó en que estos no tienen validez judicial y calificó a la interceptación de la cual fue víctima como una práctica desterrada durante su gobierno.
Dichos que, sin embargo, esconden inexactitudes detalladas a continuación:
El ex presidente Ollanta Humala basó parte de su defensa en la presunta “procedencia ilícita” de las grabaciones. “El juez dispuso realizar interceptaciones telefónicas exclusivamente vinculadas al caso [de presuntos vínculos con el terrorista] Artemio. Al terminar ese caso, se debieron eliminar los audios vinculados a otros temas”, sostuvo el ex mandatario.
“Es por ello que las grabaciones [vinculadas al Caso Madre Mía] no tienen validez legal”, agregó Humala.
La interceptación telefónica fue autorizada por un juez. “A pesar de que el hallazgo no haya estado vinculado al presunto delito por el cual se dio la autorización, las escuchas no se consideran pruebas obtenidas de forma ilítica”, según el abogado penalista Enrique Ghersi.
Además, si es que en plena búsqueda de evidencias de un caso se encontraran pruebas sobre delitos que no se le imputaban al acusado inicialmente, la nueva evidencia no queda invalidada. Esta no podría ser incluida en el proceso en curso, pero sí podría ser utilizada para abrir otro caso por los nuevos delitos descubiertos.
“La evidencia obtenida lícitamente, aunque sea de casualidad, puede utilizarse. Si uno entra a la casa de un asesino para buscar un arma utilizada en el crimen y en el camino encuentra a un rehén, ¿no podría acusar al delincuente por secuestro? Eso es absurdo”, enfatiza el jurista César Azabache.
En otro momento de la conferencia, Humala aludió al concepto de “cosa juzgada”, el cual consiste en que los procesos judiciales resueltos no pueden reabrise. “Los hechos ya fueron investigados, el proceso judicial fue archivado y hoy tiene categoría de cosa juzgada”, enfatizó el ex mandatario.
Las normas peruanas, efectivamente, no permiten reabrir un caso que haya tenido una resolución favorable para el acusado. Es decir, la legislación solo permite la nulidad de la cosa juzgada si es que la persona fue condenada de forma injusta.
Sin embargo, al ser un caso vinculado a presuntos delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí podría anular el proceso. “Si en base a estas nuevas pruebas se interpone un recurso ante la Corte IDH, esta podría anular la absolución del ex presidente Humala”, sostiene el abogado penalista Carlos Caro.
La única forma de que llegue a la Corte IDH es que el Estado presente el caso ante esta. No obstante, cualquier ciudadano podría presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Los familiares de las víctimas o cualquier Organización No Gubernamental (ONG) puede acudir a la Corte, a través de la Comisión. De acreditarse la conducta fraudulenta, la CIDH podría ordenar que se realice un nuevo proceso”, según el también penalista Luis Vargas Valdivia.
Ollanta Humala no solo cuestionó las interceptaciones de las cuales fue víctima. También culpó al ex presidente Alan García por haber permitido este tipo de prácticas y enfatizó en que su gobierno “jamás” las tuvo. “En mi gobierno jamás tuvimos este tipo de prácticas contra políticos. No lo hubiese permitido”, dijo el ex presidente.
A inicios del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de armar expedientes sobre inmuebles, autos y empresas vinculadas a ministros, congresistas, militares, policías, políticos, empresarios y periodistas.
Ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, el agente Rosendo Francisco Chávez Rojas reconoció que los rastreos de la DINI se hicieron frecuentes en el gobierno de Ollanta Humala. Chávez Rojas realizó 100,544 búsquedas en la base de datos de Registros Públicos entre enero del 2011 y febrero del 2015.
Los rastreos alcanzaron incluso a funcionarios del gobierno nacionalista, como la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza y la primera ministra Ana Jara, y empresarios como Luis Garrido.
Este último interpuso un recurso de habeas corpus ante el 35 Juzgado Penal de Lima, por el cual el ex premier Pedro Cateriano tuvo que declarar a finales del año pasado.
Finalmente, Ollanta Humala evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones. Solo se remitió a señalar estas “no contienen información sobre supuestos aportes de campaña”.
Esto es falso.
Según información a la que tuvo acceso El Comercio, las transcripciones de los audios sí incluyen conversaciones relacionadas al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.
La potencial procedencia ilícita de algunos aportes precisamente motivó la investigación que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos le sigue hoy tanto al ex presidente Ollanta Humala como a su esposa Nadine Heredia.
Fuente: El Comercio
Comentarios