Ollanta Humala, exigió una revisión de las leyes que permiten a delincuentes juveniles como el avezado Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias “Gringasho”, permanecer en el Centro de Rehabilitación “Maranguita” y no ser derivados a penales de máxima seguridad solo porque tienen menos de 18 años.
“Hay que poner un alto a estas sinvergüenzadas. También hay que revisar las leyes por las que no se puede visualizar la cara de este miserable (“Gringasho” ) puede verse pero sí la de todas sus víctimas que somos la sociedad en su conjunto. ¿Cómo podemos proteger la cara de un delincuente frente al rostro de nuestros hijos. Esas son situaciones contradictorias que hacen débil nuestra democracia?”, indicó.
El jefe de Estado remarcó además que es preciso saber “quiénes son los padres” de Gringasho, delincuente para el que pidió caiga todo el peso de la ley. “Se debe saber quiénes han podido formar a un miserable así”, señaló.
Humala opinó que el joven sicario debe cumplir condena en un penal de máxima seguridad y no seguir al lado de chicos de 14 o 15 años. “No es posible que estos menores cohabiten con un prontuariado por asesinar personas. Hay que poner leyes más rígidas, le toca al Congreso y al Poder Judicial que administra directamente ‘Maranguita’”, refirió.
Sobre el posible traslado del centro de rehabilitación a otro distrito, el presidente manifestó que ello sería factible pero que primero se diga a dónde va a ir el ya detenido Alexander Pérez. “Por mí que se vaya a Challapalca”, afirmó.
El recinto penitenciario al que el mandatario se refirió está ubicado entre Tacna y Puno, a unos 4500 metros sobre el nivel del mar. Fue construido durante 1996 para albergar a 240 presos de alta peligrosidad y empezó a funcionar al año siguiente. Luego fue cerrado tras las denuncias de algunos internos pero se reabrió en el 2007, en el segundo gobierno de Alan García. Su administración está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En noviembre del año pasado durante un motín, los reclusos en Challapalca tomaron como rehenes a trabajadores del INPE y personal médico para exigir mejores condiciones carcelarias.
Fuente: El Comercio
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