La Municipalidad de San Juan de Lurigancho vio la “necesidad prioritaria” la clausura y erradicación de los centros penitenciarios de Lurigancho y Miguel Castro Castro.
Esta decisión obedece al pedido de 1,300 instituciones sociales del distrito, que consideran que en estos años al interior de ambas prisiones– se han registrado varias fugas, motines y crímenes, lo que constituye una amenaza para la integridad de los habitantes de esa parte de la capital.
El concejo de dicha comuna a través de un acuerdo publicado en El Peruano ha encargado al burgomaestre Carlos Burgos a que efectúe las gestiones ante las instancias pertinentes para efectuar el cierre de los establecimientos carcelarios.
“Los vecinos queremos seguridad. No se puede permitir la presencia de este tipo de cárceles infrahumanas. Un incendio ahí puede cobrar miles de vidas y afectar a las personas que viven cerca”, refirió a Perú21 Félix Bayona Contreras, presidente del Central Cívica de San de Lurigancho, una de la instituciones que apoya la clausura de ambos centros penitenciarios.
Adelantó que en los próximos días los pobladores realizarán en los próximos días una marcha al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno para exigir que se cumpla su pedido.
Jorge Ávila Herrera, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, señaló que la Alcaldía de San Juan de Lurigancho debió, primero, hacer las coordinaciones pertinentes antes de emitir la norma.
“En Lima necesitamos cuatro nuevos penales. Es entendible (la queja) pero hay que ser realistas. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no tiene plata. Además, la construcción de una nueva cárcel demoraría un mínimo de 18 meses”, dijo.
Agregó que las referidas prisiones podrían clausurarse recién cuando se tengan nuevos establecimientos para trasladar a los internos y a los empleados.
Por su parte, María Calixto Barrientos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Perú, se mostró sorprendida con esta medida.
“Ya habíamos advertido a este gobierno que los penales son una bomba de tiempo. El Estado debe poner atención urgente al sistema carcelario. Si cierran ambas cárceles, los reos tendrían que ir a otras de la capital y estas quedarían muy saturadas”, manifestó.
Calixto Barrientos anunció, en los próximos días, que sus bases acatarán un nuevo paro nacional de 48 horas exigiendo mejoras para los empleados del INPE.
El penal de Lurigancho es considerado uno de los dos centros penitenciarios más hacinados de Latinoamérica y uno de los más peligrosos del mundo, según reportó un documental de National Geographic.
En varias ocasiones se ha denunciado que las mujeres salen de las cárceles en estado de ebriedad luego de visitar a los reos. También se han reportado casos de presos asesinados por ajustes de cuentas.
Fuente: Perú21
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