El Congreso aprobó el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al parlamentario Michael Urtecho y acusarlo constitucionalmente. Fueron 98 legisladores los que votaron en contra de Urtecho, ni uno lo respaldó y solo la congresista Celia Anicama se abstuvo. Antes se leyó una carta en que el cuestionado representante de Solidaridad Nacional informaba su indisposición de acudir al hemiciclo por razones de salud y aceptaba haber pedido “contribuciones” al personal que laboraba para él.
El grupo de trabajo que encabezaba Humberto Lay acusó al que fuera dos veces vicepresidente del Congreso por los delitos de apropiación y asociación ilícita, colusión, peculado, aprovechamiento indebido del cargo, enriquecimiento ilícito, falsificación de documento privado y malversación. Ello luego que hasta siete ex trabajadoras de Urtecho lo denunciaran por recortarles sus salarios para favorecerse. Se dieron cuenta que el legislador presuntamente empleó en tareas domésticos a sus asesores, contrató empresas ‘fantasma’ y no destinó debidamente 621 sillas de ruedas que habían sido donadas.
Después de haber rechazado todas las imputaciones, hasta en la misma Comisión de Ética, Urtecho confesó que incurrió en la apropiación de parte de los sueldos de sus ex trabajadores. No obstante, descartó estar comprometido en el resto de acusaciones. Entonces, indicó que contaba con documentos para demostrar su inocencia, incluso los que acreditan de dónde provino el dinero para la construcción de un edificio en Trujillo a nombre de su esposa.
El flamante titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Marco Falconí (Unión Regional), estimó que las conclusiones en torno al caso Urtecho estarán listas en un plazo no menor de cuatro meses.
Fuente: El Comercio
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