Martín Vizcarra promulgó las propuestas de reforma política que fueron aprobadas por el Congreso en la legislatura anterior. El 6 de agosto, Pedro Olaechea envío las autógrafas de los cuatro proyectos de ley.
Los proyectos tienen que ver con la inscripción y cancelación de partidos políticos, tipificación del delito de financiamiento indebido de los partidos, democracia interna y la paridad y alternancia en las candidaturas.
Esta modifica la Ley de Partido Políticos y establece que se necesita de un padrón de afiliado con al menos 0.1% de las personas que votaron en las últimas elecciones para inscribir una organización política.
El partido será cancelado si no llega a al menos cinco congresistas y al 5% de los votos válidos en las elecciones parlamentarias. En caso de ser una alianza, se incrementa por 1% por cada partido extra.
La tipificación en el Código Penal del delito de financiamiento indebido también fue aprobada por la anterior legislatura. Se castiga con dos a cinco años de cárcel al que solicite, reciba o entregue dinero de fuente prohibida o forma dolosa. Además, las ONG tienen prohibido aportar a los partidos a no ser que se trate de capacitación para los militantes.
Establece que los candidatos de cada partido serán escogidos a través de elecciones primarias abiertas y obligatorias con la participación de la ciudadanía y militancia. Sin embargo, los partidos políticos que ya están constituidos pueden elegir a sus candidatos para el año 2021 en elecciones cerradas con los militantes.
Por último, se propone que la lista de candidatos cuente con el mismo número de hombres y mujeres. Este aumentará de forma gradual hasta en el 2031 se logre el 50% de participación femenina y masculina.
En el texto final que remitió el Poder Legislativo al Ejecutivo se encuentran todas las modificaciones hecha durante el debate en el Pleno. En total se aprobaron seis proyectos, pero tan solo cuatro podrán convertirse en leyes de manera inmediata.
Las dos restantes que tuvieron menos de 87 votos, por lo que serán sometidas a una segunda votación en esta nueva legislatura. Se trata del impedimento para ocupar un cargo público en caso la persona haya sido sentenciado por un delito doloso y la inmunidad parlamentaria.
Fuente: RPP
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