En la Corte Especializada de Justicia se libró un enfrentamiento de posiciones y argumentos entre el fiscal José Domingo Pérez y la abogada Martha Chávez, exlegisladora y representante del núcleo duro del fujimorismo.
Ante el juez Víctor Zúñiga, el fiscal Pérez presentó las razones por las que considera que Fuerza Popular debe ser incorporada en la investigación por lavado de activos que se sigue a su lideresa Keiko Fujimori Higuchi.
“La señora Keiko Fujimori empleó una organización política para sus fines delictivos. Todo el poder lo tiene Keiko, los integrantes y dirigentes (del partido) eran una pantalla porque todas las decisiones las tomaba la señora Fujimori Higuchi”, argumentó.
Asimismo, presentó los testimonios de los empresarios Jorge Yoshiyama y Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp Ltd., como muestra de que la excandidata presidencial sí conocía del dinero que ingresaba a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
“Keiko Fujimori tenía conocimiento de los ingresos de aportes del partido que lideraba, sabía de la ilicitud de los aportes de Odebrecht (…) y eso ha quedado acreditado con lo declarado por Yoshiyama”, insistió en la audiencia.
Agregó que con lo manifestado por Romero quien dijo que aportó US$3.65 millones y el empresario Martín Pérez se confirma que existió “una modalidad criminal” de captación de dinero para usarlo en la campaña a través de falsos aportantes.
En ese momento, dijo que por ello pide la suspensión del partido político, pero el juez le aclaró que esa solicitud se analizará en la etapa de juicio oral.
Por su parte, Martha Chávez adujo que el Ministerio Público no ha demostrado que FP recibió dinero ilícito de Odebrecht. “El señor Pérez no ha podido acreditar un solo elemento de convicción sobre que Fuerza Popular recibió dinero de Odebrecht, y aun así hubiera recibido, no se ha acreditado que es de fuente ilícita”, dijo.
En esa línea, sostuvo que lo manifestado por Dionisio Romero “ratifica” la versión de que el fujimorismo no recibió dinero ilegal. “Keiko Fujimori no reveló la identidad del donante para evitar represalias políticas”, sustentó.
“Ya el señor fiscal, desesperado y acorralado, dijo: ‘Lo que quiero es que se liquide a Fuerza Popular’, (…) el señor persigue un propósito político, él ha demostrado orfandad y esta es una persecución política”, declaró Chávez a la prensa.
El gerente general de Alicorp, Alfredo Pérez Gubbins, reconoció ante la Fiscalía que en 2011 la empresa entregó US$200 mil a Confiep para financiar una campaña publicitaria en contra del entonces candidato Ollanta Humala. Vito Rodríguez, presidente del Grupo Gloria, dijo que abonó US$200 mil para la campaña fujimorista de ese año.
El magistrado Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), no incluyó la manifestación del empresario Jorge Yoshiyama en su ponencia sobre el hábeas corpus presentado en favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Fuentes indicaron que Blume alegó que lo dicho por Yoshiyama se conoció mucho después de que se dictara la prisión preventiva contra Fujimori, en octubre de 2018.
Aclaró que el recurso interpuesto en favor de la lideresa fujimorista aborda ese momento, no hechos posteriores.
Yoshiyama, como se sabe, declaró que Keiko Fujimori sabía de los aportes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
El mismo TC informó luego que la próxima semana continuará el debate en el pleno y que en esas sesiones se pondrá al voto la ponencia, que recomienda la excarcelación de Fujimori.
Fuente: Perú21
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