Zoraida Ávalos, formuló una denuncia constitucional contra Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma (Cambio 21), miembros del Congreso disuelto, y el excontralor Edgar Alarcón, por sus presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’.
Ávalos imputa a Velásquez y Palma la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado; mientras que a Alarcón, el presunto delito de cohecho pasivo propio. Según la tesis de la Fiscalía, los exlegisladores habrían gestionado en el 2016 una reunión entre el entonces alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y el excontralor Edgar Alarcón, a cambio de beneficios económicos.
En esta reunión, donde también participaron los miembros del Congreso disuelto, se conversó sobre el levantamiento del bloqueo de las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. De acuerdo a la Fiscalía, Velásquez y Palma habrían asegurado que se iba a levantar este congelamiento de las cuentas.
Además, la investigación fiscal señala que quien estaría a la cabeza de ‘Los Temerarios del Crimen’ sería el exalcalde. Esta organización es acusada de utilizar la administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para obtener beneficios económicos ilícitos. También se la vincula con el cobro de coimas para la obtención de licencias municipales, actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, malversación de fondos, entre otros.
La Fiscalía también señala que el excontralor Alarcón habría recibido S/30 mil de parte de Cornejo para levantar el bloqueo temporal de las cuentas corrientes de la municipalidad, “pese a que no correspondía, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas por el órgano de control institucional”.
Al no ser acusados por presuntos delitos comunes, sino de función, es decir, los que cometen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones; Velásquez, Palma y Alarcón tienen derecho al antejuicio político. En este caso, están protegidos hasta cinco años después del cese de sus cargos.
Cabe recordar que el excontralor se encuentra postulando al Congreso 2020-2021 por la región Arequipa con el partido político Unión por el Perú. En el 2017, el Parlamento lo removió del cargo de contralor por “falta grave”, tras ser denunciado por presuntamente realizar actividades lucrativas irregulares.
Fuente: Perú.com
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