La fiscal Sandra Huayta Vilca Paz, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de la región Puno, encabezó una serie de allanamientos en siete inmuebles. Esto en el marco de una investigación que involucra al congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) y otras personas.
El legislador es investigado por la mencionada fiscal por el presunto delito de lavado de activos, proceso que abarca a otras 20 personas en Lima, San Martín y otros departamentos.
El operativo fue autorizado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, que dispuso el “descerraje, allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso”.
El Ministerio Público considera que Moisés Mamani es el cabecilla de una supuesta organización criminal que lava activos producto de la minería ilegal, la defraudación tributaria y el narcotráfico.
La indagación por lavado de activos, que lleva abierta más de dos años, se inició a raíz de una denuncia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el hoy legislador por mentir en su hoja de vida, cuando postuló al Legislativo en las elecciones del 2016.
En la declaración jurada que presentó al JNE, declaró ingresos anuales por S/466.000, además de seis terrenos por un valor de S/ 4’505.000; sin embargo, una pesquisa de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP revela que el congresista fujimorista omitió información al ente electoral.
De acuerdo con la policía, el parlamentario tiene nueve inmuebles en las regiones Lima, Puno y San Martín valorizados en US$9’739.000. Es decir, más de S/ 32 millones. El plazo de la investigación preliminar al congresista por lavado de activos vence en agosto.
Cabe recordar que el parlamentario de Fuerza Popular asistió a la citación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de la región Puno, tal y como informó el Ministerio Público.
Sin embargo, el legislador que acudió a la sede de la citada fiscalía en Juliaca hizo uso de su derecho de guardar silencio en las indagaciones que se sigue en su contra.
Fuente: El Comercio
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