La Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar una investigación a su vicepresidente, el legislador de Perú Posible Daniel Mora Zevallos, por un supuesto favorecimiento a la Universidad Privada Sergio Bernales S. A.
Dicho apoyo en el que habría incurrido el también presidente de la Comisión de Educación se habría dado a través del envío de un oficio al Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades (Conafu), pidiendo se autorice el desempeño definitivo del referido centro de estudios superiores.
Para tres de los seis legisladores presentes, Mora Zevallos, al recomendar la expedición de esa autorización, ha actuado al margen de su función legislativa y a favor de una entidad particular, por lo que habría incurrido en una infracción al Código de Ética.
El congresista aprista Mauricio Mulder, incluso, dijo que Mora ha actuado como un abogado defensor de la universidad y no como un representante del Congreso.
“Si se consideraba que había hechos irregulares, la universidad pudo interponer una acción de cumplimiento, pero no un congresista intervenir con una recomendación”, consideró Mulder.
Una posición similar expresó el legislador de Fuerza Popular Juan José Díaz Dios, quien indicó que después de escuchar a Mora y exponer su defensa, piensa que sí hubo la intención de “presionar” al Conafu a favor de la universidad.
Sin embargo, el parlamentario peruposibilista sostuvo lo contrario, indicando que él actuó de acuerdo a ley y con justicia, porque la universidad Enrique Bernales no solo había cumplido con todos los trámites y pagos correspondientes para obtener su funcionaminto definitivo, sino que se le exigía el pago de coimas.
Para el presidente de la Comisión, Humberto Lay, Mora solo habría cometido el error al enviar ese oficio al Conafu, por desconocimiento o falta de asesoramiento. Al igual que el legislador Rogelio Canches el caso solo amerita una amonestación. Mora se inhibió en la votación.
El acuerdo incluye también que, al haber expuesto su defensa el congresista Mora, la Comisión debatirá la próxima semana su sanción.
La Comisión de Ética acordó también iniciar una nueva investigación al congresista fujimorista Víctor Grandez, esta vez en relación a los audios difundidos por la prensa, en la que un ex colaborador y un trabajador de su despacho revelan que este les pide “aportes voluntarios” para financiar una campaña política bajo amenazas de despido.
Las denuncias contra los congresistas Teófilo Gamarra y Juan Carlos Eguren fueron declaradas improcedentes.
Fuente: La República
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