La Comisión de Educación busca investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y aprobó pedir facultades investigadoras por 120 días al Pleno para proceder con el proceso.
Todo empezó cuando el vocero alterno de Fuerza Popular (FP), Juan Carlos Gonzales, miembro del grupo, hizo el pedido argumentando que se han cometido presuntas irregularidades en las contrataciones de bienes, servicios y personal de dicha institución, y también en el licenciamiento de las universidades.
En declaraciones justificó su accionar alegando que han llegado “varias denuncias” a él y a algunos parlamentarios. Según indicó, hay procesos que no se estarían siguiendo de manera regular.
“Llegaron denuncias sobre una aparente irregularidad para el licenciamiento. Yo descarto tener vínculo con universidades y hacer algún tipo de lobby y que por eso haya hecho el pedido”, expresó, aunque en su bancada más de uno sí ha tenido vinculación estrecha con universidades.
Javier Velásquez Quesquén (Apra) tomó la posta en el debate y sostuvo que la superintendencia está imponiendo multas y sanciones a algunas universidades “y no sabemos qué se está haciendo con ese dinero”.
“Esas sanciones que están imponiendo son ilegales. Ya está establecido por el TC que todo proceso sancionatorio tiene que estar en una ley, no en una norma de menor jerarquía”, expresó.
Por su parte, el legislador de Unidos por la República Lucio Ávila, quien votó en abstención, consideró que se debía citar al superintendente Martín Benavides para que aclare la situación de la institución.
Luego de los argumentos de los asistentes a la comisión, la votación terminó con ocho votos a favor y seis abstenciones. Quienes respaldaron pedir las facultades fueron los fujimoristas Juan Carlos Gonzales, Mártires Lizana, Carlos Domínguez y la presidenta del grupo, Tamar Arimborgo.
También se mostraron a favor Velásquez Quesquén, el oficialista Alberto Oliva, Lizbeth Robles (Cambio 21) y el congresista del Frente Amplio Edilberto Curro.
Este último, envió una carta a la presidenta de la comisión para señalar que cambiaba su voto, pero fuentes de Educación indicaron que esto no sería posible porque ya se había levantado el acta de la sesión.
No hubo ninguna votación en contra, pero sí seis abstenciones provenientes de tres parlamentarios de Fuerza Popular, Edwin Vergara, Leyla Chihuán y Dalmiro Palomino; de Eloy Narváez, de Alianza para el Progreso; Edgar Ochoa de Nuevo Perú; y Ávila.
El primero incluso insistió en que se debería citar a los representantes de la Sunedu para posteriormente votar si se piden facultades investigadoras.
Pero esta no es la primera vez que se pone el tema en la agenda de Educación. En marzo de 2018, dicho grupo, en ese momento presidido por la entonces fujimorista Paloma Noceda, aprobó la moción 5280 para pedir facultades por 60 días, las cuales fueron aprobadas en mayo del mismo año.
El plazo venció y no se presentó ningún informe ante el Pleno. Posteriormente, este año, el 3 de junio, se volvió a aprobar solicitar las facultades, también por un pedido del congresista Gonzales. Esto no se vio en sesión plenaria.
Sunedu envió un comunicado en el que precisa que el proceso de licenciamiento es técnico y transparente. “La Sunedu no contrata consultorías para el licenciamiento. De hecho, en la gestión de 2019 no se ha ejecutado ni programado presupuesto para consultorías”, expresó.
Y luego de conocerse la decisión del grupo presidido por Arimborgo, quien salió en defensa de la superintendencia fue la ministra de Educación, Flor Pablo. La representante del Ejecutivo señaló que lo que se necesita es tener calidad educativa. “Confiamos en que no pase al Pleno y no se vote a favor. (…) Distrae la atención de una institución que está abocada al proceso de licenciamiento”, comentó.
Para Flor Pablo, este tipo de decisiones ocupan tiempo “que es escaso y vital para seguir fortaleciendo la calidad de la educación”.
Quien también se pronunció fue el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó la decisión.
“Primer acuerdo de Comisión de Educación en la era Arimborgo: investigar a la Sunedu, que trabaja por garantizar mínimos estándares de calidad en educación superior. Más allá de si se van en 2020 o 2021, quieren dejar claro qaue son el peor Congreso que hemos tenido”, escribió.
Fuente: Perú21
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