Carmen Omonte, negó haber vulnerado la Ley General de Minería al poseer un porcentaje en una concesión minera e indicó que no existe incompatibilidad entre ello y las labores que ha cumplido en el Estado.
Omonte refirió que antes de ser accionista de la empresa Cemento Amazónico S.A.C., hizo la consulta a un estudio de abogados. Este equipo, según contó, concluyó que no existía incompatibilidad entre su función legislativa y la concesión.
Sin embargo, el artículo 31 de la Ley General de Minería señala textualmente que: “no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos, el Presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango”.
La dirigente de Perú Posible sostuvo que una forma de demostrar que en ningún momento tuvo intención de vulnerar la ley fue la transparencia con la que abordó el tema en todo momento en el que se le consultó al respecto.
La flamante ministra añadió que la referida concesión minera todavía no tiene actividad.
Además, dijo que su participación como accionista está en evaluación, debido a que se encuentra divorciada de su pareja, quien junto a sus hijos son los accionistas mayoritarios.
Según precisó, la concesión fue adquirida luego de ser elegida congresista, pero aclaró que no ha formado parte activa del diseño ni de las decisiones de la empresa.
Desmintió haber promovido leyes favorables a empresas mineras.
“Me parece sumamente malintencionado o producto del desconocimiento”, enfatizó al puntualizar que sus iniciativas legislativas trataban sobre la formalización de los estudios de impacto ambiental y redistribución del canon.
“Están vinculados a los intereses de la población, no de las empresas. Si uno lee qué leyes he apoyado se verá que están al margen de los intereses de cualquier actividad minera”, refirió.
Recordó también que, como congresista, no formó parte de la Comisión de Energía y Minas.
Fuente: El Comercio
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