Según la resolución número siete de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Carlos Moreno, en su calidad de servidor público, “emite una serie de declaraciones mediante conversaciones telefónicas con terceras personas, aprovechando su condición de servidor público, realizando negociaciones indebidas con la finalidad de obtener ilícitamente un lucro para su persona”.
El texto también menciona que este comportamiento ha afectado el honor y la imagen del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (institución demandante) “incumpliendo el demandado (Carlos Moreno) deberes de probidad, transparencia y ética pública que debe tener todo servidor público”, señalados en la Ley del Servicio Civil.
En ese sentido, “el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la buena reputación no es exclusivo de los seres humanos, sino también de las personas jurídicas de derecho privado” y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1985° del Código Civil, corresponde resarcir de manera prudencial con la suma de S/ 80 000 por concepto de daño moral.
Fuente: La República
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