Alan García está siendo investigado por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos como si fuera el líder de una presunta organización criminal dedicada a cometer este tipo de delitos desde 1991.
Según documentos, el fiscal José Antonio Castellanos Jara adecuó esta investigación en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado al haber encontrado indicios de que hay unas 31 personas involucradas.
“Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, y este habría dispuesto se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho contra la administración pública y otros, apoyado en una sólida organización delictiva que habría funcionado de manera regular y que estaba integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas”, se puede leer en la resolución de la fiscalía.
En la investigación se considera que esta presunta organización delictiva cuenta con tres niveles, con Alan García a la cabeza. En el primer nivel consideran a Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang, Luis Nava y Pilar Nores.
En el segundo estrato habría 10 personas, entre ellas Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel y Umberto Olcese. En el tercer nivel habría grupos empresariales y unas 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos. También habrían otras firmas usadas para esconder y blanquear el dinero proveniente de actos de corrupción.
Ante la revelación de esta información, el ex mandatario Alan García cuestionó al fiscal Castellanos por contradecirse, ya que en octubre del 2016 habría emitido una resolución en la que se concluyó que no había elementos para proceder con una investigación por lavado de activos.
“Esto dictaminó el fiscal Castellano el 2016. Hoy dice que existe una organización criminal ¿Qué o quién lo hizo cambiar?”, dijo Alan García al compartir parte de la resolución del año pasado.
En la víspera, también había cuestionado la ampliación de la investigación por un plazo de 36 meses y defendió a Pilar Nores al señalar que tiene 3 departamentos y 7 cocheras como resultado de la venta de una casa.
Fuente: El Comercio
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