Tras revelarse que el celular del congresista Luis Galarreta era interceptado a pedido del fiscal William Montes, representantes de las bancadas de oposición exigieron al presidente del Legislativo, Daniel Abugattás, denunciarlo por esta arbitrariedad.
Sin embargo, Abugattás no dijo “esta boca es mía” y solo atinó a irrumpir en la conferencia de prensa de Galarreta y sus colegas de oposición para afirmar que desconocía de la interceptación y, sin sentido alguno, culpó al grupo El Comercio de vincularlo a la irregularidad denunciada por otro medio de comunicación.
Dejando a un lado las diferencias partidarias, Víctor García Belaunde, Carlos Bruce, Humberto Lay, Richard Acuña, Juan Carlos Eguren, Alberto Beingolea y Yehude Simon, acompañaron a Galarreta para responsabilizar a Abugattás por no haber informado del atropello al legislador de Alianza Por el Gran Cambio.
“El proceso está viciado. Hay gente que le tiene cólera a un medio de comunicación y lo que han hecho con esta medida es entorpecer y viciar la investigación”, dijo Luis Galarreta.
Según el legislador, el 2 de mayo, Abugattás autorizó al fiscal Montes a interrogarlo en la Sala Basadre del Congreso –“que ni nosotros podemos usar sin autorización del presidente del Legislativo”, dijo– y señaló que este magistrado no solo le ocultó información sino que, además, lo engañó.
“El fiscal me interroga y me dice que mis teléfonos han sido ‘hackeados’, que era una posible víctima. Para entonces, este fiscal ya tenía la autorización para interceptar mi teléfono como supuesto cómplice”, denunció Galarreta.
A su turno, Eguren apuntó que “se han violado dos derechos fundamentales: el de libre prensa y expresión, al implicar a otros periodistas, y la inmunidad del Congreso, al levantar, sin mayor trámite, el secreto de las comunicaciones de un congresista”.
De la misma opinión fue Beingolea, quien dijo que “no es posible que solo con aparecer el número telefónico en un celular sea suficiente para ser interceptado”. Mientras que el fujimorista Juan José Díaz Dios exigió al Congreso investigar y sancionar a los responsables.
Pero dado que es evidente el interés del Ejecutivo en este caso, integrantes del Gobierno también se pronunciaron.
La vicepresidente Marisol Espinoza expresó su ‘preocupación’ por la situación del legislador y dijo que “el gobierno de Ollanta Humala es extremadamente respetuoso de la independencia de poderes y la confidencialidad de las comunicaciones”.
A su turno, el premier Óscar Valdés descartó la intervención del Ejecutivo en este proceso judicial.
De otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) anunció una investigación a la jueza Carmen Arias por autorizar al fiscal a levantar el secreto de las comunicaciones de Luis Galarreta. Por el lado del Ministerio Público, el fiscal José Peláez sigue haciéndose de la vista gorda y más bien dijo que fue la fiscal suprema Gladys Echaíz la que, en su reemplazo, autorizó todas las diligencias.
Fuente: Perú21
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