El proceso de verificación de firmas presentadas ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para una eventual revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, avanzó hacia la segunda etapa: el cotejo electrónico de los planillones.
La primera etapa, la de verificación administrativa, “concluyó satisfactoriamente con la subsanación de las observaciones del Reniec”, explicó el portavoz del Comité Ciudadano que impulsa la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez.
Esto fue confirmado por el Reniec: “(…) hoy fueron subsanadas las observaciones administrativas formuladas a la solicitud presentada el 4 de mayo”.
En la primera etapa, el Reniec cotejó la versión impresa de las 531,400 firmas de los planillones con la versión digital del mismo material y detectó 21,797 firmas repetidas.
Según el subgerente de Actividades Electorales, Carlo Magno Salcedo, al final se declaró la conformidad de 418,482 firmas, cantidad que supera el mínimo requerido (400 mil) para la revocatoria en Lima, con lo cual se dio inicio al proceso efectivo de verificación de firmas, el cual, dijo, será muy minucioso y se hará en el más corto plazo posible.
Según el procedimiento, los verificadores del Reniec extraerán de manera aleatoria el 25% de las 418,482 firmas presentadas por los revocadores. Esta porción (poco más de 100 mil firmas) es la que va a ser escrutada minuciosamente.
Todo lo que ocurra con ese 25% impactará sobre el 100% del total de firmas presentadas.
Si, por ejemplo, de ese 25% escrutado resulta que el 10% es defectuoso, el Reniec elimina el 10% de 418,482 firmas. El faltante debe ser sustituido de inmediato con una nueva cantidad de adherentes.
Marco Tulio Gutiérrez mostró un gran optimismo por los avances logrados. Refirió que cuentan con el respaldo de 248 abogados en la tarea de capacitación de los 32 mil personeros que participarán el día de la consulta popular.
Entre tanto, tras el giro en el proceso de revocatoria, un grupo vinculado con Fuerza Social organiza una marcha al Jurado Nacional de Elecciones para exigir que se investigue el financiamiento de los revocadores y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Fuente: Correo
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