La ministra de Educación, Patricia Salas, informó que algo también ha tenido que ver en lo sucedido cierta desidia de funcionarios del gobierno anterior.
Durante su alocución ante la Comisión de Educación del Congreso, Salas cuestionó al quinquenio aprista por no haber actuado bien en la contratación de algunos docentes sentenciados y procesados por terrorismo, quienes en algunos casos estarían dictando clases en colegios estatales.
“Ellos no han sido contratados durante mi gestión”, aclaró ante la representación.
Frente a decenas de madres de familia que también llegaron a la sede del Parlamento, Salas anunció que solicitará la relación de docentes inmersos en esa situación para contrastar esos datos con sus planillas a nivel nacional.
“Vamos a cruzar información con el Ministerio Público y el Poder Judicial con el fin de detectar a los controvertidos profesores que han reingresado a laborar a los centros educativos del Estado”, indicó.
Si bien no pudo responder la cifra exacta de estos profesores vinculados al terrorismo ni precisar si estos serían separados del magisterio, la ministra de Educación informó que presentará un proyecto de ley para que el Decreto Supremo 019 del año 2010, que permite separar a los docentes en dicha condición, tenga un rango de ley y permita hacer viable su retiro de las aulas.
“Presentaremos esta propuesta en el próximo Consejo de Ministros para que la apruebe y remita con carácter de urgencia al Congreso, y la sancione y dé un instrumento para actuar dentro del marco de la legalidad”, explicó.
En respuesta, el ex ministro de Educación Víctor Díaz Chávez declaró que durante su gestión se impidió que estos maestros vuelvan a las aulas con el Decreto Supremo 019.
Sobre el incendio ocurrido en los almacenes del Ministerio de Educación, Salas aseguró que buena parte del material educativo quemado no se distribuyó porque su gestión no encontró iniciado el respectivo proceso de contratación de ese servicio, trámite que toma más de tres meses.
Además, en el lugar se hallaba guardado mobiliario perteneciente a instituciones educativas inconclusas.
“Estos muebles estaban almacenados bastante tiempo porque los colegios emblemáticos aún no han sido terminados de construir”, añadió.
Sobre el presunto sabotaje en el incendio, Salas aseguró que adoptará las acciones penales correspondientes contra quienes resulten responsables.
La titular de Educación detalló que dentro de las acciones que tomará el MED para determinar las responsabilidades del incendio, habrá dos peritajes: uno nacional, por la Fiscalía de la Nación, y otro internacional, a cargo de la compañía de seguros.
Sobre la contratación de la todavía esposa de Antauro Humala, Isabel Paiva, como supervisora nacional de Beca 18, la funcionaria subrayó que no existe nada irregular en el proceso de selección. “Ella aprobó un examen para ser ratificada en su cargo”, indicó.
Fuente: La República
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