El Tribunal Constitucional de Perú decide si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra, en un nuevo episodio de una crisis política que levanta nubarrones sobre la economía.
Los siete magistrados del tribunal deben pronunciarse sobre la demanda y dirimir asimismo si procede o no una medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de setiembre.
La corte debe “analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el poder ejecutivo sobre la disolución”, explicó su presidente, Ernesto Blume, al convocar a esta audiencia que tiene en vilo a la clase política peruana.
La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede de la corte, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda antes de que comenzara la audiencia.
Blume está a favor de admitir la demanda, pero la decisión debe ser tomada por el pleno de magistrados.
El cierre del Congreso fue aplaudido por nueve de cada diez peruanos y llevó la popularidad de Vizcarra al récord de 79%, según encuestas. Miles de ciudadanos celebraron la decisión en las calles, y nadie salió a protestar contra ella.
Sin embargo, la medida fue tildada de “golpe de Estado” por la oposición aglutinada en torno al “fujiaprismo”, los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y del difunto exmandatario Alan García.
Tras disolver el Congreso, Vizcarra convocó a comicios legislativos para el próximo 26 de enero, pero a la oposición no le acomoda ir a las urnas en momentos de gran desprestigio.
Desde la disolución, continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros, 21 de ellos opositores. La preside Olaechea, quien pidió la intervención de la alta corte la semana pasada.
“Cada institución tiene que cumplir con su rol”, dijo Vizcarra este jueves sobre la audiencia del tribunal. Sin embargo, “todos tenemos la vigilancia y los ojos puestos de todos los ciudadanos”, añadió, en alusión a que un fallo en favor del Congreso profundizaría la crisis.
Fuente: Gestión
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