Martín Vizcarra dio a conocer su oposición a la entrega de los S/524 millones que le reclama Odebrecht al Estado peruano por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. “El daño (hecho por la empresa) es tan grande que no correspondería hacer una devolución”, fueron sus palabras, que parecen una irrevocable sentencia.
La importancia de ese pronunciamiento radica, precisamente, en que es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, el encargado de autorizar el pago.
El conflicto se genera con el equipo especial de la Fiscalía, que busca el abono de ese dinero para cumplir con el acuerdo de colaboración eficaz celebrado con la empresa brasileña.
“Mi posición es que, dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro”, insistió el mandatario en declaraciones a la prensa desde Iquitos.
Vizcarra, de esta manera, planteó la posición del Ejecutivo ante el informe que envió al Minjus el fiscal Rafael Vela, líder del equipo especial.
En el documento enviado, Vela precisó que la compañía no tiene procesos penales en curso y que, en consecuencia, corresponde ejecutar el desembolso. La sentencia emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, con la que se homologa el acuerdo con Odebrecht, se señala que si se quiere eximir a la compañía de la aplicación de la Ley N° 30737, la constructora no debe afrontar investigaciones o procesos penales.
Odebrecht busca que se le devuelvan los S/524 millones y para eso el Estado peruano no debe aplicarle la Ley N° 30737, que es la norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil.
En el escrito firmado por el fiscal Vela, se explica que, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, un proceso penal se reconoce porque se encuentra en la etapa de investigación preparatoria. Y, según el oficio, ninguna indagación a la constructora está en esa fase.
El caso Gasoducto del Sur, por ejemplo, se encuentra en etapa preliminar. Sin embargo, Vela Barba reveló que la empresa brasileña ha reconocido pagos de sobornos para adjudicarse, en 2008, la vía Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, ubicada en Tarapoto, región San Martín.
Si bien ese caso pasó a la etapa de investigación preparatoria por disposición de la Fiscalía de Tarapoto, en julio pasado, al haber reconocido el pago de coimas invocando el acuerdo de colaboración, la firma se ha visto beneficiada con ese compromiso legal.
Fuentes fiscales indicaron que si el Ejecutivo no entrega el dinero a Odebrecht, recurso con el que la empresa se comprometió a pagar deudas, se abrirían dos posibles escenarios. En uno la compañía decide seguir colaborando. No obstante, por la falta de fondos para financiar la colaboración de sus exdirectivos, podría darse que no cumpla con la entrega de información requerida. Y de esa manera no cumpliría con el acuerdo. Mientras que en el segundo escenario, hay una posibilidad de que la empresa renuncie a su compromiso y no colabore más con las investigaciones. El equipo especial podría quedarse con la prueba documentaria, pero ya no podría usar los testimonios.
Fuente: Perú21
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