Luis Castañeda Lossio será citado de grado fuerza a la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, luego de que por segunda vez no asistiera al llamado de este grupo para responder sobre el contrato de la Línea Amarilla así como por el by-pass de 28 de julio, obras que se concesionaron y ejecutaron durante su segunda y tercera administración.
Así lo afirmó el congresista Richard Arce (Nuevo Perú), quien dirigió la audiencia de este viernes del grupo ante la licencia de su presidente, Miguel Elías (Fuerza Popular), por motivos de salud.
“Era su segunda citación y en la siguiente, el señor Castañeda tiene la obligación de asistir, caso contrario se tendrá que someter a los apremios establecidos en el reglamento [del Congreso]. En otras palabras será conducido de grado fuerza a la sesión”, manifestó el legislador de izquierda en declaraciones a la prensa.
También indicó que toda persona que haya ocupado un cargo público “tiene la obligación de rendir cuentas” sobre presuntos actos de corrupción.
Arce explicó que Castañeda Lossio remitió ayer por la tarde una carta a la comisión, en la que solicitó reprogramar su citación debido a “motivos personales”.
El parlamentario de Nuevo Perú, además, indicó que Giselle Zegarra, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha sido llamada a declarar ante la Comisión de Defensa del Consumidor, que tiene facultades de grupo investigador, para el lunes 13 de mayo.
“Ella estuvo en el primer gobierno de Castañeda Lossio [en Lima] y, según la información y preguntas que le veníamos desarrollaron, probablemente ella ha estado direccionando el nombramiento de los funcionarios que se encargaron de hacer estos acuerdos [por la Línea Amarilla y by-pass de 28 de julio] con las empresas brasileñas”, refirió.
Giselle Zegarra, ex funcionaria de la Municipalidad de Lima, se negó responder sobre vínculos con la empresa brasileña OAS ante la Comisión Lava Jato en el 2017.
Luis Castañeda Lossio afronta dos investigaciones preliminares en el Ministerio Pública. Una es por el presunto favorecimiento a la empresa Lamsac vinculada a OAS cuando se firmó la concesión de la obra ‘Vía Expresa-Línea Amarilla’ el 12 de noviembre del 2009, durante su segunda administración.
La pesquisa es sobre supuestas irregularidades en la contratación de asesores externos no calificados a favor del proyecto, de acuerdo con la fiscalía. De igual modo, se investiga la subestimación de los importes recaudados en peajes para realizar las proyecciones de ingresos que percibiría el concesionario, también si hubo irregularidades en el contrato sobre la longitud de la carretera, el monto real de inversión y el plazo de concesión.
La otra carpeta se refiere al presunto favorecimiento a la empresa OAS en la construcción del proyecto ‘Río Verde’. Ello, a raíz de la difusión de una conversación por WhatsApp entre Giselle Zegarra Flores, ex alta funcionaria de la gestión de Castañeda, y José Léo Pinheiro, presidente de OAS-Brasil.
En ella, ambos coordinan reuniones en las que aparentemente participaba Castañeda Lossio— para que no se firme el contrato proyecto ‘Río Verde’ con la saliente gestión de Susana Villarán. El 17 de marzo del 2015, con Castañeda en la alcaldía, se firma el contrato ‘Proyecto Río Verde y obras de integración urbana’. El acuerdo obligaba al contratista a elaborar estudios de ingeniería y ejecución del ‘by-pass’ 28 de Julio. El contrato por precios unitarios alcanzó los US$ 48′ 538.070.
Arce también precisó que solo los congresistas Elías, Modesto Figueroa, Gladys Andrade, Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular), Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) y Edmundo del Águila (Acción Popular), accesitario, presentaron licencias para no asistir a la sesión de esta mañana de la Comisión de Defensa del Consumidor.
Los parlamentarios que no acudieron sin justificación fueron Alejandra Aramayo, Úrsula Letona, César Segura (Fuerza Popular), Luciana León (Partido Aprista), Pedro Olaechea (Concertación Parlamentaria) y Clayton Galván (Cambio 21).
Por medio de su cuenta de Twitter, Letona indicó que llamó a la asesoría de la Comisión de Defensa del Consumidor, que le señaló que ya no habría sesión.
“Hay una responsabilidad de parte de todos los congresistas de estar presente […] Evidentemente, hay responsabilidad de los congresistas y la tenemos que asumir. Espero que en la próxima sesión tengamos el quórum correspondiente”, acotó.
Fuente: El Comercio
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