Richard Acuña, congresista de Alianza Para el Progreso (APP), sostuvo una reunión con altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), para tratar temas sobre el licenciamiento de la Universidad Señor de Sipán, de la que es accionista, miembro del directorio y apoderado.
De acuerdo con el artículo 92 de la la Constitución, la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.
Pese a ello, se denuncia que el 15 de abril Acuña Núñez acudió a la reunión con la Sunedu durante varias horas de lo que debía ser su jornada parlamentaria. Precisamente, ingresó a la sede estatal a las 3:02 de la tarde y permaneció ahí hasta las 7:40 de la noche. No obstante, el congresista asegura contar con una licencia que le otorgó el Parlamento para asistir a la reunión.
“Quienes nos están invitando a esa reunión son los señores de Sunedu.Ellos mencionan que la reunión es con un equipo técnico. Creo que simplemente hemos cumplido con la invitación de Sunedu, que querían presentarse ante las autoridades de la universidad para iniciar las orientaciones técnicas que querían hacer llegar a la universidad, explicó.
En los correos que la Sunedu envió a la institución, solicita una reunión para “tratar las orientaciones técnicas sobre la solicitud de licenciamiento” e invitan a “autoridades que tomen decisiones sobre la universidad”. Pese a que asistió al encuentro, Acuña Núñez asegura que no es capaz de tomar decisiones sobre la institución.
Aunque en registros públicos figura como apoderado de la empresa familiar, el legislador de APP niega ostentar este cargo y asegura que los “únicos que tienen poder en la universidad son el gerente y el presidente del directorio”.
“Yo como miembro y accionista no tengo ningún poder dentro de la universidad (…) No ejerzo ningún tipo de decisión en esa universidad, lo único que hice fue ir en representación del directorio porque mi mamá, que es presidenta del directorio, estaba mal de salud y mis hermanos estaban fuera de Lima”, añade.
Para el parlamentario, no habría incurrido en conflicto de intereses. “Sigo desempeñándome en el sector privado porque yo no vivo del Congreso”. “Si es un delito ser un político que vive de la empresa, no le veo nada de malo… Creo que no existe delito alguno en ser político y empresario”, subrayó.
Al respecto, José Elice, ex Oficial Mayor del Congreso, señala que “si en la reunión el parlamentario ha ejercido algún tipo de presión para favorecer a una entidad privada, estaría incurriendo en una falta ética. Lo incurrido seria materia de una investigación para la Comision de ética parlamentaria”.
Fuente: RPP
Comentarios