Desde que la policía detuvo al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, los comuneros se distribuyeron en tres grupos entre Cusco y Apurímac para pedir su liberación como condición para retomar el diálogo con el Gobierno y la minera de cobre Las Bambas.
Unos permanecen desde hace 51 días en el fundo Yavi Yavi (Cusco), otra comitiva se organizó en Nueva Fuerabamba, el pueblo donde fueron reasentados desde el 2014. Pero desde el último viernes unos 50 comuneros tienen bloqueados los dos accesos a la minera, en los sectores de Manantiales y Pumamarca. Nadie entra ni sale de la empresa.
Mientras este martes en Abancay continuaba el diálogo entre el ministro de Energía y Minas (Minem), Francisco Ísmodes; el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; y varios alcaldes de la provincia de Cotabambas; en Manantiales un representante de la comunidad demandaba la presencia de las autoridades en Challhuahuacho. A este pedido se sumó el alcalde de este distrito donde se ubica la mina, Porfirio Gutiérrez.
“El problema está aquí, no en Abancay. Las autoridades tienen que venir hasta esta zona, pero siempre y cuando den libertad a nuestro presidente y asesores”, dijo Percy Astete a este Diario, en la zona del bloqueo, a la salida de la mina.
El viceministro Molina sostuvo que la comitiva del Ejecutivo está dispuesta a establecer una mesa de diálogo en Challhuahuacho. “Basta que los alcaldes nos convoquen y nos trasladaríamos allá”, dijo.
Agregó que la liberación de los accesos a la minera es importante para que puedan salir los trabajadores de Las Bambas. “Ni siquiera pueden llevar alimentos a la minera. Ellos nos han planteado que una posibilidad de reciprocidad sería que el gobierno levante el estado de emergencia que pesa sobre la carretera, en el tramo que atraviesa Yavi Yavi. Mientras más días pasen, más difícil va a ser resolver el conflicto”, declaró.
Según fuentes de Las Bambas, 1.900 personas, entre trabajadores y contratistas, no pueden salir de la minera por la protesta en sus dos accesos. Muchos de ellos trabajan bajo el sistema 10×10, por lo que ya cumplieron su turno y deben ir a sus casas. La minera exige que se hagan respetar los derechos de sus trabajadores, de los cuales el 20% son de Challhuahuacho y el resto de Arequipa, Cusco, Lima y otras regiones.
En el ingreso a la minera se mantienen apostados unos 20 efectivos de la Policía Nacional. Percy Manchego Quispe, fiscal provincial de Challhuahuacho, dijo a El Comercio que hay presencia de agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima. Señaló que no se ha registrado ningún incidente de gravedad.
El fiscal descartó que se vaya a dar una intervención por parte de la policía o los militares. “No hay ninguna orden para desbloquear. Si hay un desbloqueo nos tienen que pedir autorización a nosotros”, comunicó.
Luego de la reunión con las autoridades locales, Molina dejó abierta la posibilidad de trasladarse a Fuerabamba para reunirse con la comunidad. “Si nos dicen que eso es posible, nosotros nos trasladaríamos a Fuerabamba si es posible mañana [hoy]. Sin embargo, los alcaldes creen que un escenario más realista es que ellos tengan una primera reunión con la población y después nosotros podríamos incorporarnos”, detalló. Volvió a aclarar que la liberación de los representantes de Fuerabamba es un tema que no depende de ellos sino de la fiscalía.
Hace 51 días, Fuerabamba impide el paso de los vehículos de Las Bambas por el tramo del corredor minero que cruza su fundo Yavi Yavi. Debido a esto, la mina no puede transportar unos US$6 millones diarios de concentrado de cobre hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. La comunidad sostiene que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional la carretera que atraviesa su propiedad. En la última reunión del jueves 21 en Lima, entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la comunidad, la empresa y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Las Bambas planteó el pago de S/10 millones, entre proyectos y dinero en efectivo, a la comunidad y así resolver la controversia. Fuerabamba pide S/40 millones.
Las comunidades de Quehuire, Chumille y Huancoire se unieron este martes a la protesta en Challhuahuacho. Además, varias comunidades anunciaron que desde este miércoles acatarán un paro indefinido en este distrito.
Fuente: El Comercio
Comentarios