Víctor Prado Saldarriaga, afirmo que el juez Richard Concepción Carhuancho integrará la Corte Superior Nacional contra Delitos de Corrupción y de Criminalidad Organizada. Este organismo ha salido de la fusión de la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF).
En declaración, el magistrado dijo que una de sus últimas acciones como presidente del Poder Judicial será dejar establecido el estatuto de la organización de la Corte Nacional Anticorrupción.
Prado Saldarriaga dijo que dejará un régimen transitorio de seis meses y adelantó que todos los jueces que actualmente integran estos dos sistemas se mantendrán. Además, señaló que la Corte Anticorrupción contará con seis salas en un comienzo.
“Estamos hablando de órganos que están también conectados con la etapa de investigación preparatoria, con los juzgados unipersonales. Hay, pues, un esquema que va a permitir diferenciar competencias para el control de las investigaciones y juicios por delitos de crimen organizado”, declaró.
Víctor Prado anunció que designará a Inés Villa Bonilla, actual coordinadora de la Sala Penal Nacional, como la presidenta transitoria de la Corte Superior Nacional contra Delitos de Corrupción y de Criminalidad Organizada. Ella estará al frente de la Corte hasta que se desarrollen un proceso de elegir un presidente titular y al resto de magistrados.
La Sala Penal Nacional fue creada hace 20 años y sus competencias son el crimen organizado, el narcotráfico, crímenes considerados de lesa humanidad, contra periodistas y terrorismo. El expresidente del PJ, Duberlí Rodríguez, inició el proceso de la implementación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, luego de emitirse el Decreto Legislativo Nº 1307, publicado por el Gobierno el 30 de diciembre del 2016.
En febrero del 2017, Rodríguez presentó el nuevo sistema anticorrupción, encabezado por Susana Castañeda. Según Rodríguez, no era factible tener ambos sistemas, por lo que formó una comisión de tres jueces supremos –uno de ellos César San Martín- para que elaboren el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional, que fue presentado el 31 de agosto de 2017.
Luego, el Consejo Ejecutivo designó a la jueza Janet Tello para que revise la propuesta. Su informe final fue presentado el 31 de octubre y el 20 de noviembre, se aprobó el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional para que pase a ser Corte Superior. Luego se decidió que también se sume a la Corte Superior, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Fuente: El Comercio
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