Martín Vizcarra se pronunció sobre la ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en los medios privados. Desde su cuenta oficial de Twitter, aseguró estar “en desacuerdo” con dicha iniciativa “porque impide al Ejecutivo cumplir su función constitucional de comunicar sus acciones, y afecta el derecho de los ciudadanos a la información”. Y remató con la siguiente frase: “No a la Ley Mordaza”.
Luego, a través de un comunicado firmado por él, anunció que su gobierno interpondrá “las acciones que sean necesarias”.
Esto en respuesta a la aprobación, por insistencia, del proyecto auspiciado por el aprista Mauricio Mulder.
La iniciativa fue respaldada por el fujimorismo en la Comisión de Transportes y, ahora, está a la espera de ser debatida en el Pleno.
Se rumorea que podría ingresar en agenda. Como el 21 de marzo el Ejecutivo ya había observado la norma, al Legislativo le bastan 66 votos para promulgarla.
En ese escenario, y aunque Palacio no ha especificado qué acciones llevará a cabo, una opción es presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).
En su comunicado, el Gobierno señaló que la Constitución Política, el sistema jurídico y la política nacional de modernización de la gestión pública establecen que el Ejecutivo trabaja para brindar servicios, lo cual incluye la comunicación de sus acciones, la transparencia, el gobierno abierto y la articulación interinstitucional.
“Transgredir dichos principios es amordazar al Poder Ejecutivo. El Gobierno requiere utilizar medios de comunicación tanto públicos como privados para cumplir sus funciones. Además, es importante señalar que la normatividad vigente ya regula las prohibiciones y obligaciones para la contratación de publicidad estatal”, informó.
Uno de los argumentos que han esgrimido los defensores del proyecto de Ley Mordaza es que las acciones del Gobierno podrían ser difundidas, a menor costo, vía redes sociales.
Pero para Vizcarra esto resulta ser insuficiente. En su comunicado, recordó que, según el INEI, cerca del 40% de la población peruana no tiene acceso diario a Internet, lo que limitaría el alcance de la información que sea considerada de interés nacional.
“Esperamos que cuando se debata en el Pleno exista la reflexión adecuada, sobre todo por parte de los promotores de la misma”, indicó el Presidente.
Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su respaldo al anuncio del jefe del Estado. En conversación sostuvo que “todo lo que sea posible para reparar una violación a la libertad de expresión es una decisión bienvenida y un deber del Estado frente a sus compromisos internacionales”.
Resaltó, además, que la ley que el fujimorismo (con la colaboración de congresistas de otras bancadas) pretende promulgar se hizo “sin una consulta seria y sin una discusión participativa” de actores relevantes de la sociedad civil, y, encima, “en un contexto de acoso de funcionarios legislativos a la prensa”.
“Esto sin duda está dirigido a vulnerar la independencia de los medios, a tratar de debilitarlos”, declaró.
Lanza advirtió que se debe promover una regulación de la publicidad estatal que establezca parámetros de asignación claros y objetivos.
Informó que en Uruguay se está preparando un proyecto en ese sentido y que en México se acaba de aprobar una autógrafa sobre publicidad estatal que, si bien debe ser mejorada en ciertos aspectos, no prohíbe que el gobierno contrate espacios en los medios que son más consumidos.
Asimismo tal como hiciera el presidente Martín Vizcarra– puso en duda que Internet pueda ser un vehículo eficiente de información que alcance a la mayoría de los peruanos.
“Casi la mitad de la gente del Perú no tiene acceso pleno a Internet. Incluso, hoy, está en tela de juicio el rol de las plataformas de redes sociales en la diseminación de información falsa y por eso se está revalorizando en el mundo el papel de los medios tradicionales como fuente de información veraz”, explicó.
La bancada de Peruanos Por el Kambio, a través de Carlos Bruce, adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ‘ley mordaza’.
El excandidato presidencial Julio Guzmán también mostró su rechazo. Él aseguró que las sanciones económicas en contra de los medios son “típicas de las dictaduras”.
Fuente: La República
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