La Comisión de Transportes del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. El texto había sido observado por el Ejecutivo y cuestionado por expertos y organizaciones que defienden las libertades de expresión y de información.
La norma, impulsada por el legislador aprista Mauricio Mulder, solo estable las siguientes excepciones: los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”, señala el texto.
Durante el debate, el congresista Edmundo del Águila (Acción Popular) dijo que se debería buscar un “punto medio, un equilibrio” en la inversión que el Estado realiza en publicidad.
Richard Arce (Nuevo Perú) criticó la propuesta y mencionó la importancia de que los peruanos se encuentren informados a través de los medios de comunicación privados. Por ejemplo, dijo que en la zona rural los teléfonos se usan solo para comunicarse, sin internet.
Mientras que los congresistas Mulder y César Segura (Fuerza Popular) demandaron que se apruebe la autógrafa por insistencia, es decir que el Parlamento la promulgue sin ningún cambio.
La insistencia fue aprobada solamente con los votos de la bancada de Fuerza Popular. Del Águila (Acción Popular) se abstuvo, mientras que Arce votó en contra de la medida.
La noche del lunes, diversas organizaciones de la sociedad civil invocaron al Congreso a archivar el proyecto porque “constituye un grave atentado contra las libertades informativas”.
“Desde que el proyecto fuera presentado, en noviembre del año pasado, las organizaciones firmantes han hecho públicos sus reparos sobre los alcances del mismo, al considerar que vulnera de manera desproporcionada el derecho fundamental a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, reconocido en la Constitución”, señala el documento.
El pronunciamiento está firmado por el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Sociedad de Radio y Televisión, Transparencia, Centro de Información Abierta Liber, Proética, Asociación Nacional de Periodistas, entre otros.
Tras la decisión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el pleno deberá decidir si ratifica o no la insistencia.
Fuente: El Comercio
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