El Tribunal Constitucional dejó al voto los recursos de hábeas corpus presentados por las defensas del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revertir las órdenes de 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre ambos.
En audiencia, los abogados Alberto Otárola y César Nakazaki argumentaron que existió un “arbitrario” cambio de condición sobre sus patrocinados, al variarse la comparecencia con restricciones a una prisión preventiva en medio de las investigaciones.
Nakazaki sostuvo que no podía aplicarse la solicitud de detención de la Fiscalía porque la ex pareja presidencial no ponía en riesgo las investigaciones debido a que dijo “estaba colaboradondo con las diligencias”.
En ese sentido, señaló que no está demostrado que sus patrocinados hayan recibido US$3 millones ilícitos de parte de Odebrecht ya que alegó los ex directivos Jorge Barata y Marcelo Odebrecht admitieron que abonaron el millonario monto a pedido del Partido de Trabajadores de Brasil.
Asimismo, dijo que no es una prueba suficiente de peligro de fuga que Heredia le haya dado poder a su prima para que esta pueda viajar con sus menores hijos fuera del país. Agregó que los audios recopilados por el caso Madre Mía, en los que supuestamente se habla de compra de testigos, han sido incoporados en el proceso “ilegalmente” porque el Ministerio Público no permitió la respectiva réplica de Humala.
“La prisión preventiva, debe leerse desde la Constitución, es una medida expcecional (…) se debe analizar otras medidas menos gravosas para garantizar una investigación”, señaló Nakazaki.
La procuradora del Poder Judicial, por su parte, solicitó que se rechace el recurso interpuesto por la defensa de la ex pareja presidencial. Argumentó que no se cumplió con el debido proceso porque el hábeas corpus se interpuso “sin que haya habido la firmeza definitiva” de la prisión en el ámbito penal. Es decir, que no se agotaron todas las vías para revertirla antes de recurrir al TC.
La funcionaria indicó, además, que la variación de comparencia a prisión “es constitucional” porque los elementos que aparencieron en el desarrollo de la investigación “son graves y fundados”.
“Se varió la comparecencia porque apareció la declaración del testigo 01-2016 y de Ítalo Canelo Ponce Montero, quienes indicaron que (el Partido Nacionalista) recibió dinero ilícito de Venezuela para financiar su campaña del 2006; y, además, apareció lo que señalaron Barata y Odebrecht del pago de US$3 millones”, manifestó.
Antes del finalizar la diligencia, los miembros del TC pidieron a ambas partes que, por escrito, sustenten lo que significa la firmeza definitiva y su ámbito de aplicación. La argumentación será analizada por el tribunal antes de emitir un fallo en los próximos días.
Fuente: Perú21
Comentarios