Los congresistas fueron los primeros en mostrar su posición sobre la pena de muerte. A diferencia de otras iniciativas, esta ha logrado divisiones, incluso dentro de las propias bancadas. Por ejemplo, en Fuerza Popular, legisladores como Úrsula Letona y Karla Schaefer han mostrado su respaldo a la pena capital. Ella se han encontrado con el contundente rechazo de Miguel Torres.
En el lado oficialista la cuestión es similar. La legisladora Janet Sánchez pidió airadamente salir del Pacto de San José para poder aplicar la medida mortal. Alberto de Belaunde, colega de bancada, señaló que no apoya la medida y califica de irresponsable al ministro de Justicia, Enrique Mendoza por opinar a favor de la pena de muerte para los responsables de este delito.
En el Ejecutivo tampoco hay acuerdo. Ni bien el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, fue claro en mostrar su apoyo a esta drástica condena, el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir a calmar las aguas: “En el Perú la Constitución no lo permite”, recordó.
En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas por diversos delitos en 23 países, según informa Amnistía Internacional.
Como recordó PPK, en el Perú actualmente no es posible sancionar a los violadores con la pena de muerte debido a que en 1978 el Estado ratificó el Pacto de San Jose, un tratado internacional que impide a los países extender esta condena para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en su territorio. Cuando el Perú firmó el tratado, la Constitución contemplaba la pena de muerte para los delitos de “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos. La Constitución de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por “traición a la patria”.
Si el Estado peruano decidiera extender la pena de muerte, para evitar inclumplir obligaciones internacionales, tendría primero que denunciar la Convención Americana. La aplicación de la medida no sería inmediata. El país tendría que esperar un año para hacer efectiva la sanción.
Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, tomar dicha posición conllevaría a una alineación entre el Ejecutivo y el Congreso. “Faltaría que el Perú denuncie el tratado y se aparte. Finalmente se podría dar. Es también una cuestión de voluntad política que evaluaría el Congreso con el Poder Ejecutivo. Debería darse una consonancia entre ambos”, resaltó.
El Congreso tendría que efectuar una reforma constitucional. Para lograrlo requeriría un mínimo de 87 votos en dos Legislaturas. Posteriormente tomaría un año más denunciar el Pacto de San José. Es decir, hacerla efectiva (en el caso que no existan contratiempos, como observaciones del Ejecutivo) tomaría cerca de dos años.
En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas por diversos delitos en 23 países, según informa Amnistía Internacional. La cifra en 2015 fue de 1.634 en 25 países del mundo. La mayoría de las ejecuciones ocurrió en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán (en esta orden).
En Estados Unidos, se concretaron 20 ejecuciones durante el último año. En el caso de violación sexual (en diferentes casos), los agresores son condenados a perder la vida en Bangladesh, China, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guyana, Kuwuait, Iraq, Irán, India, Indonesia Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Uganda y Vietnam.
Según Amnistía Internacional, en 14 países se utiliza el ahorcamiento como método de ejecución, en 7 el fusilamiento y en 4 la inyección letal.
El país estaría fuera casi por completo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque la Comisión IDH podría seguir conociendo pedidos individuales sobre el Estado peruano, los casos no podrían ser judicializados ante la Corte IDH.
Los peruanos ya no podríamos ir a este tribunal internacional si el Estado vulnera nuestros derechos humanos, lo que generará desprotección.
“Nos volveríamos parias internacionales. Perderíamos un sistema de protección de derechos humanos del cual forma parte toda Latinoamérica”, señala el constitucionalista Aníbal Quiroga.
En 2006, el entonces presidente Alan García presentó un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a los terroristas. La matanza de cinco policías en Ayacucho sirvió de escenario para que el mandatario envíe la propuesta al Legislativo.
Pero esos no fueron los únicos proyectos que entraron en discusión por aquel año. Dos proyectos propuestos por el APRA proponían una reforma del artículo 140 de la Constitución para aplicar la pena de muerte para las personas declaradas culpables de violar a menores de siete años. Un tercer proyecto de ley presentado por el partido Unidad Nacional propuso una reforma del artículo 140 que permita la pena de muerte contra los violadores de menores de nueve años, violadores de personas con discapacidad física o mental, o violadores de menores de entre nueve y 18 años cuando el autor de la violación mata después a la víctima.
Ninguna propuesta contó con el respaldo suficiente. En 2016, ya fuera del Gobierno, el expresidente volvió a proponer mediante un tuit la pena capital para violadores de niños.
Ese mismo año el legislador Yonhy Lescano presentó un proyecto de ley para aplicar la castración química a violadores.
La pena de muerte para violadores es un tema recurrente en las campañas electorales, donde los candidatos suelen proponer mano dura para estos delincuentes. En febrero de 2016, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori dijo estar de acuerdo con la pena de muerte para violadores de menores de 7 años.
Fuente: Perú21
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