Las investigaciones de los años 90 sobre las presuntas coimas del Tren Eléctrico podrían ser utilizadas por la Fiscalía como delito fuente de la actual investigación. Esta vez, dicen, quieren llegar al fondo, al final. Que se dicte un veredicto, que podría ser absolutorio si no encuentran nada, o de condena si las sumas no cuadran.
Desde hace dos meses, la Fiscalía indaga al dos veces presidente de la República Alan Gabriel Ludwig García Pérez, 30 colaboradores y familiares y un sinnúmero de empresas por lavado de activos.
El objetivo del pequeño grupo de investigadores es revisar las cuentas del ex mandatario desde los años 90 hasta la actualidad, según fuentes de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Divila) y la procuraduría especializada.
Los fiscales para iniciar esta pesquisa y los primeros avances y dificultades. Revelamos la existencia de la investigación, a cargo del fiscal titular José Antonio Castañeda Jara y el adjunto Miguel Óscar Toyohama Arakaki. Ellos se han instalado en una pequeña oficina de las fiscalías de lavado de activos, que otro magistrado les ha cedido provisionalmente.
A Castañeda y Toyohama les gusta actuar en silencio y de manera anónima. La República informa sobre esta investigación porque creemos necesario que se sepa que el Ministerio Público está trabajando. Los recursos son pocos, dicen en la Procuraduría, pero algo se está haciendo y algo se va a encontrar.
El otro motivo para revelar la existencia de esta investigación es que los fiscales han empezado a tener problemas. Al ex presidente García y a sus coinvestigados no les agrada que se revisen sus cuentas y que se hagan sumas y restas para ver si sus ingresos y egresos cuadran y todo tiene un origen lícito.
Como ya es historia, en los 90, la defensa del ex mandatario utilizó la prescripción para que los jueces no pudieran llegar a un veredicto final.
Años después, en el último quinquenio, mediante una acción de amparo, se anuló el informe de la Megacomisión nombrada en el Congreso para indagar sobre las irregularidades que se pudieran haber cometido en el segundo gobierno de García.
El 2013, el ex fiscal José Antonio Peláez Bardales lo investigó por seis meses.
De familia aprista, Peláez es el único que ha podido investigar al ex presidente sin obstáculos en el camino. Con el beneplácito del investigado, el ex fiscal de la Nación pudo mirar en todos lados.
Así, en unos seis meses, José Peláez concluyó que García Pérez no registró ningún enriquecimiento ilícito entre julio de 2006 y diciembre de 2013.
En dicho periodo, según los analistas financieros del despacho de Peláez, el ex jefe de Estado tuvo ingresos totales por S/ 6.675.190,24.
Determinaron que de esa cantidad, S/ 3.924.455,56 provinieron de remuneraciones, pensiones, cesión de derechos de edición y distribución de obras, venta de inmuebles, fondos mutuos y cobro de CTS.
Otros S/ 2.750.734,68, el 41,2 % de sus ingresos totales, llegaron por las conferencias dictadas en 17 meses, entre diciembre de 2011 y mayo de 2013.
Mientras tanto, los egresos del ex presidente, es decir, los gastos en alimentación, ropa, viajes, diversión, inversiones o compra de inmuebles, en el mismo periodo, sumaron S/ 4.227.677,81.
Eso es lo que pudo averiguar Peláez Bardales. Pero esa facilidad no se volverá a repetir. Los actuales fiscales reportan trabas a la investigación, según reveló su defensa.
Uno de los motivos por los que el ex fiscal de la Nación pudo realizar una célere investigación es porque tomó muchos datos del informe de la Megacomisión presidida por el congresista Sergio Tejada.
Los datos sobre las compras y ahorros de García provinieron de este grupo parlamentario especial y fueron aceptados como válidos por la defensa del ex presidente.
Ahora que los fiscales de lavado de activos han vuelto, de nuevo, su mirada sobre las cuentas de García, la defensa legal del ex presidente y sus coinvestigados ha presentado un recurso pidiendo que todo se archive y no se investigue nada.
Los abogados defensores argumentan que la sentencia de acción de amparo que el Tercer Juzgado Constitucional de Lima dictó a favor del ex mandatario impide utilizar cualquier elemento de la Megacomisión.
El fiscal Castañeda Jara ha respondido que ese pedido es ambiguo y contradictorio, y por ahora las pesquisas prosiguen. “Por un lado, esbozan que en la presente investigación no sería factible utilizar el ‘Informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria’, puesto que por resolución judicial se resolvió que es nula y sin efecto; por otro lado, cuando se trata de la valoración de las conclusiones y elementos del citado informe en una disposición de archivo emitido por la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, sí resulta permisible su uso”, argumentó el fiscal.
Asimismo, señaló que todavía no están en la etapa de presentación de pruebas, pues lo que está en desarrollo es una investigación preliminar, en la cual, en este momento el mencionado informe de la Megacomisión solo tiene calidad de “noticia criminal”, que solo aporta hechos, que la Fiscalía deberá corroborar posteriormente.
El recurso fue rechazado, pero es evidente que se insistirá en el tema para evitar que la investigación prospere y se pueda realizar una más exhaustiva indagación y de un periodo mayor.
La Fiscalía ha determinado que los hechos materia de investigación en este caso están relacionados con diversas operaciones sospechosas y la adquisición de bienes inmuebles, muebles y activos que los examinados habrían realizado con posterioridad a determinados “actos de corrupción vinculados a personas y funcionarios relacionados con el investigado Alan García Pérez.
Aunque aún no se precisa cuáles serían esos actos de corrupción que se mencionan, en la Procuraduría consideran que se deben incluir todos los actos de corrupción en los dos gobiernos de García Pérez, periodos 1985-1990 y 2006-2011.
Además de García Pérez, la investigación alcanza a la ex primera dama Pilar Nores y los ex ministros Luis Nava Guibert, Aurelio Pastor Valdivieso, Hernán Garrido Lecca y José Chang Escobedo.
También se ha incluido al ex operador político de García, Carlos Arana Vivar; los hijos de Nava Guibert; el ex presidente de la comisión de indultos Miguel Facundo Chinguel; los ex funcionarios José Barco Martínez, Pedro Morales Gonzáles y Umberto Olcese Ugarte, entre otros.
Sobre el ex presidente Alan García y su esposa Pilar Nores, el documento fiscal precisa que se indagará el origen de los fondos con los cuales adquirieron en sociedad 21 propiedades inmobiliarias, más otras inmuebles, activos y bienes de capital que ambos habrían adquirido en conjunto o individualmente.
Asimismo, se ha determinado activar la cooperación judicial internacional para rastrear posible cuentas y propiedades que ambos podrían tener en Suiza, Liechtenstein, Francia, España, Brasil y Estados Unidos.
El ex ministro Aurelio Pastor Valdiviezo fue incluido en la investigación, en base a un informe de la Divila que detectó compras de inmuebles en provincias y diversos retiros en cuentas del Banco de Crédito por US$ 343.292, cuyo origen “no han sido debidamente sustentados”.
El ex jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa Pedro Morales Gonzales registra operaciones sospechosas en el Banco Continental, como la apertura de una cuenta en Huacho que llegó a recibirS/ 6,6 millones.
El ex secretario de la presidencia y ex ministro Luis Nava Gibert entra en la investigación para aclarar, entre otros detalles, por qué se constituyó una garantía inmobiliaria a favor de la empresa Scania Service del Perú por más de US$ 1,8 millones, transfiriéndole todos los bienes de Transportes Don Reyna. Existen otras transferencias entre ambas empresas donde no se aprecia medio de pago.
En el caso de los 30 coinvestigados, la Fiscalía quiere saber de dónde salió el dinero para sus inversiones y si todo tiene alguna relación con el ex presidente García.
Fuente: La República
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