Fernando Zavala, y el congresista oficialista Gino Costa señalaron ayer ante la Comisión Lava Jato que la mayor prueba de que el Decreto de Urgencia 003-2017 beneficiaba al Estado era la “denuncia” presentada por Odebrecht.
“Lo que busca el decreto de urgencia, que se dio en febrero inmediatamente después de habernos enterado del Caso Lava Jato, es proteger los intereses del Estado, no el de las empresas corruptas. Tanto es así que Odebrecht ha denunciado al Estado peruano por este decreto de urgencia, porque no está de acuerdo”, dijo Zavala.
A lo que el primer ministro y el legislador se referían es al “trato directo” que han solicitado dos subsidiarias de Odebrecht.
El “trato directo”, según explicaron fuentes oficialistas, es una fase previa a una demanda internacional. A través de un comunicado difundido la semana pasada, Odebrecht afirmó que buscan “dirimir algunas discrepancias”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió una comunicación remitida por Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. mediante el cual notificaban al Estado peruano el inicio del “trato directo” por un plazo de seis meses. Esto basado en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo.
La notificación indica que la medida se lleva a cabo en dicho país debido a que las referidas subsidiarias de Odebrecht fueron constituidas y cuentan con oficinas en Luxemburgo. Ambas, a través de cierta estructura societaria, tienen participación en las obras peruanas Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3), Interoceánica Norte, Gasoducto Sur Peruano, y en la Central Hidroeléctrica Chaglla.
Odebrecht Latinvest y Odebrecht Latin Finance, representadas por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, señalan tres puntos de controversia en su solicitud de “trato directo”.
El Decreto de Urgencia 003-2017 y la Resolución Ministerial N° 066-2017-JUS: Según establecen las subsidiarias, estos dispositivos legales se traducirían “en un impedimento de la libre disposición y transferencia del capital, dividendos y utilidades de las empresas, así como el bloque y retención de sus bienes y activos”.
El gasoducto: en este punto señalan que la terminación del contrato de concesión y “la ejecución de la garantía correspondiente”. También plantean como queja la emisión de la Ley 30543, aprobada en marzo por el Congreso peruano, que elimina el cobro en recibos de luz.
Embargos: el último punto de reclamo son los embargos establecidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), sobre las cuentas bancarias y activos de dichas subsidiarias. Según alegan, “el daño sufrido es material pero no cuantificable por el momento”.
El Estado peruano, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28933, cuenta con una Comisión Especial que representa al Estado en controversias Internacionales de Inversión.
Esta comisión, integrada por miembros de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores, de Justicia y Proinversión, tomó conocimiento el pasado 1 de junio sobre el “trato directo” solicitado por las subsidiarias de Odebrecht.
La primera acción de esta comisión fue seleccionar al estudio internacional Arnold & Porter Kayre Scholer LLP para que ejerza la representación del Perú durante todo el caso, “incluyendo la actual etapa de trato directo”. El proceso de contratación de estos abogados externos, según fuentes oficiales, ya está en curso.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, reveló ayer ante la Comisión Lava Jato del Parlamento que el gobierno ha retenido en un fideicomiso S/ 4,3 millones y US$ 2 millones a Odebrecht gracias a la aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017.
Fuente: El Comercio
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