La Comisión de Constitución del Congreso se ha impuesto un reto clave: simplificar el conteo de votos en las elecciones generales del 2011, para evitar trabas monumentales como las ocurridas en los recientes comicios municipales de Lima cuando fueron observadas 6.340 actas (26,19% del total) por errores de los miembros de mesa.
La decisión se tomó luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hugo Sivina, expusiera ante la Comisión de Constitución un paquete de enmiendas para garantizar la confiabilidad y legitimidad de la próxima elección presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino.
Para no caer en dilaciones y mejorar el criterio de evaluación de actas observadas y votos impugnados, Sivina propuso una recomposición de los jurados electorales especiales (JEE). Así, el presidente del JEE será elegido entre los vocales superiores en actividad –y no en retiro, como sucede ahora– del distrito judicial donde funciona dicho ente electoral. Lo acompañarían un fiscal superior también en actividad y, además, un abogado o abogada designado por concurso público.
Sivina sugirió a los congresistas que para incentivar la participación de los abogados como autoridades electorales, estos tendrían una remuneración homologada con la de los vocales superiores. Esto es, 10 mil soles mensuales, A la fecha, un presidente del JEE recibe 3 mil soles al mes, dado que es jubilado.
La otra propuesta es reducir a solo tres el número de actas electorales que deben llenar los miembros de las mesas de votación. Esto permitirá reducir a 27 el total de firmas que estos ciudadanos tienen que hacer en las actas de instalación, de sufragio y de escrutinio. Actualmente son 36 firmas y deben sumar nueve por cada juego que entregan a los personeros.
Así, el JNE plantea que un ejemplar de esta acta sea para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) con autocopiados para ser entregados a los personeros de los partidos políticos presentes en el escrutinio en mesa; otro ejemplar para el JEE y un tercer documento para el JNE que tiene la última palabra legal en caso alguna acta tenga observaciones. Se eliminaría el acta que le corresponde a la ONPE porque no se emplea para el cómputo ni para la solución de las observaciones, justificó Sivina.
Fuente: El Comercio
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