Edgar Alarcón afirmó estar dispuesto a responder ante el Congreso de la República respecto a los cuestionamientos en su contra. Según comentó, hace dos semanas presentó un oficio a la Comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Héctor Becerril, para que lo citen a fin de explicar la compraventa de vehículos por la que se le cuestiona, y que ha generado incluso una investigación preliminar por lavado de activos en el Ministerio Público.
Como se ha informado, la pesquisa fiscal contra Alarcón se inició a raíz de la adquisición de más de 90 vehículos entre los años 2002 y 2015, período que incluye su labor como vicecontralor. Este cargo le impedía ejercer actividades lucrativas, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Alarcón sostuvo que todo lo respecto a las compras está “en orden” y “documentado”, pues se trata de adquisiciones familiares. En esa línea, aseveró que también acudirá al llamado de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo de la magistrada Yovana Mori García.
“Lo que me están cuestionando es que cuando era vicecontralor, año 2013 al 2016, no debía de tener actividad lucrativa. Yo no realicé actividad lucrativa esos años. Mi esposa y yo, la sociedad conyugal, hemos renovado tres veces el vehículo […] ¿Por el hecho de haber movido en Registros Públicos en cuatro años siete veces el vehículo me he dedicado a la compraventa de carros? No es así, está documentado”, afirmó.
El contralor también se pronunció sobre los audios de una conversación que tuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, días antes de que se hiciera público el informe que dio cuenta de irregularidades en la adenda del aeropuerto de Chinchero, firmado en febrero por el actual Gobierno. Adelantó que evalúa acciones legales en aras de salvaguardar la integridad de la contraloría y su persona.
“El objetivo de la reunión es decir hay un requerimiento de recursos, vamos a conversar sobre el requerimiento de recursos. Y lo primero que se dice es si pasa Chinchero, te va bien. Si no pasa Chinchero, te va mal”, insistió.
Alarcón dio declaraciones a la prensa tras salir de la sede de la Primera Fiscalía Anticorrupción, en el centro de Lima, como parte de otra investigación en su contra. Como se sabe, el Ministerio Público inició a fines de mayo una pesquisa preliminar por el presunto pago irregular de una liquidación a una ex trabajadora de la institución, quien además es la madre de dos de los hijos del funcionario.
Precisamente Marcela Emilia Mejía Franco se presentó a la misma sede fiscal para rendir su testimonio. Ella trabajó en la tesorería de la contraloría con un salario de S/ 3.350. Fue cesada en el 2010 y habría recibido una liquidación presuntamente irregular de S/127.000, además de S/100.000 por pago de viáticos.
Sin embargo, Edgar Alarcón sostuvo que entregó los documentos correspondientes a la fiscal que lleva el caso para que esta haga la evaluación correspondiente.
“Se está tratando de desvirtuar las cosas. Dicen que aparte de la CTS le he dado algo más, no es así. Aparte que yo no pago, no autorizo, no es mi tema […] Su CTS en su momento ha sido un promedio de S/ 130.000, es lo que ha cobrado la señora y es lo que le corresponde”, explicó.
Fuente: El Comercio
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