La Municipalidad de Lima maneja un presupuesto anual de aproximadamente S/1.600 millones para el cumplimiento de obligaciones y la ejecución de obras.
Solo para obras de este año la gestión de Luis Castañeda Lossio aprobó un presupuesto de S/447’848.000, según información del portal de Transparencia Económica del MEF.
Con todo ese dinero, la gestión tendría que ser totalmente transparente. Sin embargo, a decir de concejales opositores, la municipalidad se ha negado muchas veces a entregar información sobre el manejo del presupuesto.
Debido a esta situación, el regidor de Diálogo Vecinal Hernán Núñez solicitó hace tres días a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega de un kit electoral para recolectar firmas y presentar una demanda de rendición de cuentas (interpelación) contra el alcalde Luis Castañeda.
La solicitud estuvo acompañada por 108 preguntas, elaboradas en coordinación con dirigentes vecinales, sobre los ingresos económicos y el uso de los recursos de la comuna metropolitana.
Las preguntas están agrupadas en 17 temas. Entre los proyectos cuestionados sobre los que requieren información están el puente Bella Unión, el ‘by-pass’ 28 de Julio, las llamadas casas solidarias y el enmallado de la Costa Verde.
El órgano electoral tiene un plazo de 9 días hábiles para validar el pliego interpelatorio. Luego dependerá de los promotores la recolección de las 25 mil firmas válidas que la Ley de Participación y Control Ciudadanos estipula. “Estimamos recolectar 50 mil firmas hasta fin de año. Como las firmas deben ser validadas debemos tener un número mayor a las que nos solicitan”, señala Núñez.
Esta no es la primera vez que alguien intenta demandar una rendición de cuentas a Castañeda. En el 2005, durante su primera gestión, el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit compró un kit electoral para interpelarlo. Por ese entonces se requerían 50 mil firmas válidas. Como no llegó a ese número, el pedido no prosperó.
“En ese momento quería que responda por el premio económico que el municipio entregaba a los policías que ponían muchas papeletas”, recuerda Otoya.
La demanda de rendición de cuentas es un mecanismo de control ciudadano vigente desde 1995. En estos años, solo se han vendido 9 kits, uno de ellos en Lima Metropolitana.
Fuente: El Comercio
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