Joaquín Ramírez Gamarra, acusó a la prensa de haber montado un “psicosocial” en su contra, en alusión al reportaje de la cadena Univisión sobre una investigación que le sigue la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) por presunto lavado de activos.
“Yo he salido de abajo […]. Yo no hice mi plata de la noche a la mañana, mientras algunos se levantaban a las 10 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar […] A mí nadie me regaló nada. La diferencia es que no soy parte de la gentita limeña […] Lo que pasa es que soy un cholo con plata y para algunos el cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto. Eso es prejuzgar. Soy un cholo chambeador”, explicó Ramírez.
Lo que no dijo es que desde 2014 las autoridades locales lo investigan por lavado de activos. Y que el caso se encuentra inexplicablemente estancado.
En efecto, desde que la ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció ante el Ministerio Público a Joaquín Ramírez Gamarra, el 9 de setiembre de 2014, y el fiscal Marco Antonio Cárdenas resolvió iniciar investigación, el 3 de diciembre del mismo año, hasta ahora no se le ha levantado el fuero parlamentario al congresista fujimorista como corresponde. La responsabilidad recae en la fiscal Rosana Villar Ramírez.
El 19 de octubre de 2015, la fiscal Villar solicitó a la Sala Penal Nacional que gestione ante el Congreso el levantamiento del fuero a Ramírez.
Pero su pedido fue rechazado por un formulismo legal, lo que benefició al secretario general de Fuerza Popular.
La Sala Penal Nacional arguyó entonces que en el requerimiento de la fiscal Rosana Villar no existía fundamento de que Joaquín Ramírez era parte de una organización criminal, lo que significaba que la investigación había concluido.
La fiscal Villar ha organizado una nueva estrategia. Ahora investiga a los familiares de Joaquín Ramírez para llevar adelante el caso ante el Poder Judicial. Entre estas personas se encuentran su esposa, Rosa Castañeda Cubas, y su hermano recientemente elegido congresista por Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra, entre otros.
Para el fiscal Marco Antonio Cárdenas, quien acogió la denuncia de la ex procuradora de lavado de activo Julia Príncipe, existen contundentes indicios que ameritan someter a investigación a Joaquín Ramírez. Pero mientras este se escude en su condición de congresista, las pesquisas avanzarán poco o nada.
Cuando el fiscal Cárdenas dispuso que se inicie la indagación a Ramírez, lo hizo porque encontró indicios de que el secretario general de Fuerza Popular registra “un incremento inusual de su patrimonio desde 2003 hasta la fecha (2015), lo que se desarrolló principalmente en el ámbito inmobiliario a través de sus empresas, cuando en sus inicios solo se desempeñaba como cobrador de transporte público”.
La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones.
En efecto, el 14 de setiembre de 2014 el congresista fujimorista Joaquín Ramírez afirmó: “Claro, por supuesto, desde los 19 hasta los 20 años (fui cobrador de combi). Yo estudiaba en la universidad en las tardes y en las mañanas de todos los días cobraba. Trabajé año y medio en la combi. Dormía en una cochera donde se guardaba la combi. Así es como empieza mi vida. (La combi cubría la ruta de) La Punta hasta La Molina, por las avenidas La Marina y Javier Prado, La Marina, todas esas rutas. Yo estudiaba y trabajaba”, explicó.
De acuerdo con el fiscal especializado en lavado de activos, Marco Antonio Cárdenas, existe suficiente evidencia para que se le inicie proceso por lavado de activos.
Fuente: La Republica
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