Alan García minimizó las denuncias penales que pesan sobre Vásquez Valera y respaldó su candidatura con el número 1 de la lista congresal por Loreto.
Su posición la mostró tras participar en una jornada de trabajo con su equipo de campaña, donde aseguró que “la lista de Iquitos será respetada”.
“Ya la elección está hecha. A través de una Convención Nacional se estableció cuál es la lista de Iquitos y esa es la que será respetada”, se limitó a decir al ser consultado si cabe una evaluación para definir la permanencia de la exautoridad regional.
La polémica que se desató en torno a la candidatura de Vásquez se basa en el proceso judicial que tiene pendiente por delitos de corrupción, del que podría salir bien librado gracias a la inmunidad parlamentaria que le daría ganar una curul.
Las investigaciones fueron iniciadas hace tres años por la Fiscalía Anticorrupción que en junio del 2014 pidió 18 meses de prisión preventiva en su contra por peculado doloso, aprovechamiento ilícito del cargo y colusión agravada.
Aunque la solicitud fue aceptada en julio en primera instancia, un mes después fue revocada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Incluso, ese mismo año, la Comisión de Fiscalización del Congreso investigó las presuntas irregularidades que se le imputaban.
El informe final del grupo de trabajo fue “lapidario”, pues se estableció que habían indicios de anomalías en el “Proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de la planta de aguas residuales de Iquitos”, cuya ejecución, valorizada en S/421’ 092,389, terminó incrementándose a S/736’824, 075.
Además, se estipuló que se habría cometido “concertación de voluntades” entre Vásquez Valera y otros funcionarios para crear un organismo autónomo de elaboración de proyectos para manejar millonarias obras.
A esto se suma el Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas-Iquitos, denominado “tren fantasma”, que hasta la fecha no ha sido construido pese a que se gastaron 100 millones de soles solo en estudios previos.
Sobre el caso, los parlamentarios que investigaron concluyeron que el “proyecto adolece de vicios en la elaboración de su expediente técnico”.
Eso no es todo, pues en junio del 2015, la Contraloría General de la República advirtió que en el Gobierno Regional de Loreto se identificaron presuntas irregularidades en la compra de cuatro motochatas fluviales valoradas en S/9’302.000.
Esto sucedió también durante la gestión de Vásquez.
Lo que despertó suspicacias fue que las naves fueron construidas antes de que se anunciara la licitación. Según los periodistas loretanos, quienes las hicieron eran jóvenes de alrededor de 20 años.
Por este caso, el ahora candidato al Congreso de Alianza Popular fue capturado en julio del 2014 al reaparecer en un mitin luego de que se le dictara prisión preventiva.
Pese a ello, salió en libertad en agosto luego de que el Poder Judicial revocara el fallo del juez.
Fuente: Correo
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