En la foto final en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, una bandera gigante del Perú envolvía a autoridades de Loreto, dirigentes sindicales de Petro-Perú, congresistas nacionalistas, fujimoristas, de Acción-Popular-Frente Amplio y de Dignidad y Democracia.
Todos ellos, que en otras circunstancias podrían ser enemigos políticos, celebraban juntos la aprobación en el pleno del dictamen que abre la puerta para que Petro-Perú opere los pozos del lote 192, en Loreto.
La iniciativa se debatió en el pleno solo un día después de que la Comisión de Energía y Minas aprobara un texto consensuado producto de los proyectos de los legisladores Natalie Condori, Marisol Espinoza y Manuel Dammert.
El dictamen incorpora una disposición complementaria a la Ley 30130. “Autorícese a Perú-Petro para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 a Petro-Perú. […] Una vez celebrado el respectivo contrato, Petro-Perú está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias”, dice el texto.
En la sesión, el congresista Javier Bedoya (PPC-APP) sustentó un dictamen en minoría, el cual proponía archivar los proyectos que facultan a Petro-Perú a operar el lote 192. Santiago Gastañaduí (Gana Perú) planteó modificar el texto del dictamen, de modo que Perú-Petro solo pueda habilitar a Petro-Perú a operar el lote 192 cuando culmine el contrato de servicios entre el Estado Peruano y Pacific Stratus Energy, gracias al cual esta empresa realiza actividades de explotación en los pozos del lote por dos años.
Dichas propuestas no se votaron en el pleno. Solo se respaldó el dictamen principal. A favor estuvieron 71 legisladores (la mayoría de Fuerza Popular, Gana Perú, Dignidad y Democracia y AP-FA). Doce congresistas votaron en contra y once se abstuvieron.
Tras la votación, Manuel Dammert explicó que Perú-Petro ahora debe preparar un contrato con Petro-Perú para que opere por 30 años el lote 192. Cuando se le consultó qué pasará con el contrato entre el Estado y Pacific, afirmó que la contraloría evaluará la legalidad del documento. “Estamos seguros de que [en el contrato con Pacific] hay irregularidades que son causales de nulidad”, dijo.
Asimismo, recalcó que el presidente Ollanta Humala debe promulgar la norma. Dijo que, si el mandatario la observa, el Congreso ratificará la decisión tomada.
Fuente: RPP
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