El Congreso aprobó el proyecto de ley de control y vigilancia del espacio aéreo nacional, que autoriza a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a derribar las aeronaves sospechosas de transportar drogas, armas o explosivos.
El Parlamento aprobó la propuesta de la Comisión de Defensa con el voto de 88 legisladores y reanudó el derribamiento de naves hostiles que había sido suspendido en 2001, tras los errores cometidos en un operativo contra una avioneta de misioneros estadounidenses que dejó una mujer y su bebé muertas.
La nueva ley autoriza a la FAP a derribar las aeronaves sobre las que exista evidencia o sospecha razonable de estar siendo empleadas para el tráfico ilícito de drogas o transporten bombas, armas de fuego, materiales explosivos, armas biológicas o artefactos explosivos biológicos.
La norma establece declarar “aeronave hostil” a la que desacate las instrucciones o no ejecute las medidas de persuasión dictadas por las aeronaves interceptoras de la FAP.
Además será considerada “hostil” la aeronave que no respete los corredores establecidos por las autoridades aeronáuticas o esté volando a una altura no menor de 3.000 pies, en un radio de 40 millas náuticas, entre un listado de situaciones, que incluyen la sospecha de estar siendo empleadas para el narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza, explicó que el Congreso ha aprobado esta ley “para que la FAP haga las operaciones tal como se debe, no vulnerando los derechos sino controlando las zonas declaradas como cocaleras”, entre ellas el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el sur.
Apaza agregó que la norma ha sido totalmente consensuada con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y confió en que ahora “van a tener un mayor resultado” en el combate al narcotráfico.
El titular de la comisión indicó que las fuerzas armadas detectaron, entre mayo y agosto de este año, el ingreso de 222 vuelos irregulares en territorio peruano y que cada una de esas naves transportó un aproximado de 350 kilos de droga.
Apaza añadió que el Estado peruano invierte un aproximado de 27 millones de soles (8,4 millones de dólares) en los operativos de destrucción de las pistas clandestinas y que, con la nueva ley, esos recursos podrán ser destinados a implementar a las fuerzas armadas.
Fuente: Terra
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