La Procuraduría Anticorrupción pidió a la Fiscalía de la Nación que levante el secreto tributario y bancario de la congresista Luciana León al conocerse las diversas compras de bienes muebles e inmuebles que realizó y canceló en tan solo un año y medio, tras una denuncia del semanario Hildebrandt en sus trece.
A través de un escrito, el procurador Christian Salas denunció penalmente a León Romero por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Entre las consideraciones para que la congresista aprista sea investigada, sostiene Salas en el documento, es que “resultan inconsistentes las cifras y justificaciones expuestas”.
Como se recuerda, León Romero confirmó que adquirió dos departamentos y cuatro plazas de cochera valorizados en S/.1’814.371.
Sin embargo, canceló con su sueldo S/.1’120,943 millones en tan solo año y medio pese a que tenía 25 años para hacerlo.
Por si fuera poco, luego se conoció que no había informado sobre la adquisición vehicular.
En efecto, León adquirió un vehículo en el 2012, valorizado en $36,440 y realizó medio centenar de viajes al extranjero.
En consecuencia, sostiene la Procuraduría, se revela que la congresista no solo habría empleado para asuntos personales el dinero de gastos de representación -el cual solo puede ser utilizado para financiar el trabajo congresal- “sino que además habría obviado precisar acerca de la adquisición del vehículo, vía compra-venta”.
“Consecuentemente, existiendo dudas razonables de presuntas inconsistencias en el patrimonio de la alta funcionaria del Estado, siendo obligación de todo servidor y funcionario público ser totalmente transparente en sus ingresos y egresos y justificarlos ante las autoridades competentes, resulta necesario realizar las indagaciones pertinentes”, anotó Salas en el documento ingresado ayer a la Fiscalía de la Nación.
Salas recuerda además que, siendo obligación del Ministerio Público dirigir y desarrollar una investigación penal a efectos de esclarecer los hechos presuntamente delictivos, “resulta necesario llevar a cabo actos de indagación preliminares a efectos de determinar si existe o no un desbalance patrimonial de la citada funcionaria pública y, de existir, si este resulta o no de consideración e injustificado”.
Por ello, ante la formalización de la denuncia, el procurador solicitó entre otras diligencias- que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “remita la información sobre investigaciones realizadas a los movimientos bancarios financieros y otro relacionado con la congresista León Romero desde el año 2006 a la fecha”.
Además de León, también solicitó que se remitan los informes de las personas jurídicas que se identifiquen vinculadas a la parlamentaria aprista desde el 2005 a la actualidad.
La Procuraduría pidió que el levantamiento bancario, bursátil y tributario se dé a partir del 2005.
Junto a ello, solicitó las órdenes de fiscalización, declaraciones juradas anuales de obligaciones con terceros, pago y deudas tributarios, y relaciones vigentes y no vigentes con holdings (empresas) nacionales e internacionales.
“De hallarse inconsistencias, ordenar la realización de una pericia financiera y de una pericia contable, a efectos de determinar la existencia o no de un desbalance patrimonial considerable”, concluyó.
Fuente: Correo
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