La megacomisión grupo que investigó el segundo gobierno de Alan García, los cuales serán debatidos en abril próximo en el Pleno del Congreso, recomienda acusar al expresidente por un delito y al menos nueve acusaciones constitucionales, según la documentación oficial.
Esa comisión investigadora concluyó que existen indicios o elementos de juicio suficientes para que García sea denunciado ante las instancias pertinentes por el delito de asociación ilícita para delinquir y también por diferentes infracciones a la Constitución, tales como la afectación al principio de la separación de poderes, abuso de las limitaciones y responsabilidades del mandatario e incumplimiento del deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, entre otras figuras.
Las sindicaciones aparentemente más graves se encuentran en los informes de los casos de presunta interferencia política en el asunto Business Track (BTR), de indultos y conmutaciones de pena, del programa Agua para Todos y de la supuesta ilegal venta del aeródromo de Collique, de acuerdo con los documentos oficiales difundidos por la organización civil Justicia Viva.
La ‘megacomisión’ consideró que Alan García, el expremier Jorge del Castillo y los exministros Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo habrían conformado una red delictiva “para obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades de interceptación telefónica de la empresa BTR”, entre los años 2008 y 2009.
Esto, presuntamente con el fin de ocultar la “interferencia de miembros del gobierno y el partido aprista en los contratos de entidades estatales”.
Por este caso, se recomendó, a su vez, que el exgobernante fuese acusado por transgredir la Constitución.
A Del Castillo se le añadió el ilícito penal de encubrimiento personal por supuestamente haber facilitado la salida del país de dos exmarinos relacionados con el caso BTR.
Como se recuerda, la compañía BTR fue intervenida luego de la difusión de los llamados ‘petroaudios’ que, al parecer, comprometían a altos funcionarios del régimen presidencial de García. Las investigaciones policiales y judiciales establecieron que personal de esa firma de seguridad participó en actividades de ‘chuponeo’ telefónico.
Luego de investigar la excarcelación de procesados y condenados, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, el grupo de trabajo congresal llegó a la conclusión de que García debería ser denunciado constitucionalmente por conceder, presuntamente de manera irregular, conmutaciones e indultos a sentenciados por el delito de narcotráfico,
Se añadió que se habría constituido en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial.
“El propio expresidente, de puño y letra, incrementó los años conmutados más allá de los recomendados por la comisión, beneficiando a internos por tráfico de drogas”, se anotó en el informe final.
Fuente: Perú21
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