Sergio Tejada dijo que la megacomisión ha respetado los derechos de todos los investigados, incluidos los de aquellos con beneficio de antejuicio político.
Las declaraciones de Tejada llegan en respuesta a la declaración del ex presidente Alan García, quien aseguró que la acusación constitucional aprobada en su contra por el caso ‘narcoindultos’ carece de fundamentos jurídicos y es una venganza política.
“El derecho al debido proceso está garantizado no solo en la comisión investigadora, sino en todo procedimiento parlamentario hasta que se produzca o no una posible sanción”, señaló.
Tejada aclaró, además, que la versión del ex presidente García de que es víctima de una campaña política del gobierno destinada a inhabilitarlo del ejercicio de la función pública, fue lanzada desde el inicio de las investigaciones de la megacomisión.
En este punto, precisó que su grupo de trabajo no tiene facultades para inhabilitar a ningún ex funcionario, pues esa es una competencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe ser ratificada por el pleno.
Sobre el trabajo de la megacomisión, Tejada dijo que encontró irregularidades de diferente tipo y en especial un abuso con relación al otorgamiento de gracias a condenados por tráfico ilícito de drogas.
Agregó que también se detectaron algunos cobros y responsabilidades a diferentes niveles. “Hemos considerado que existen indultos injustificados y otras irregularidades en el propio ejercicio de la comisión de gracias presidenciales y a partir de allí se desprende las responsabilidades”, acotó.
Sostuvo que se ha hecho un análisis minucioso de todas las modificaciones legales que se dieron para lograr la concesión de indultos y conmutaciones, así como de la actuación de la comisión de gracias a partir del ingreso de Facundo Chinguel como presidente de la misma, hasta que fue retirado por el escándalo del indulto dado a José Francisco Crousillat por el gobierno de García.
Asimismo, aclaró que la megacomisión no hará público sus conclusiones finales hasta presentar el informe respectivo ante las autoridades del Congreso.
Fuente: El Comercio
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